Proyecto bajo sospecha

La tormenta política e institucional que sobrevino por la muerte del fiscal Alberto Nisman mostró a la presidenta Cristina Fernández en un estado de confusión y alteración que la llevó a tomar decisiones de apuro, en un intento estéril por mitigar el impacto irremediable de aquella tragedia. Luego de varios días de silencio y de difundir por las redes sociales interpretaciones contra­dictorias sobre las posibles causas del deceso del fiscal del caso Amia, la Presidenta reapareció en cadena nacional para anunciar, entre otras medidas, la disolución de la Secretaría de Inte­ligencia (SI).Lejos de calmar los rigores de aquella tormenta, el proyecto oficial de ley para crear la Agencia Federal de Inteligencia recibió el rechazo unánime de todo el arco político opositor.Es constatable la necesidad de poner fin a un sistema que, muchas veces desde la ilegalidad, puso a organismos estatales a espiar vida y obra de las personas. De estas tropelías, puede dar muestras la ex-Side, un nicho de espías de distinto pelaje y de antecedentes nefastos. Pero es irrefutable, también, que fue el kirchnerismo el que durante casi 12 años en el poder cobijó a un sistema de inteligencia que no encaja en los códigos de la convivencia democrática y que ahora se quiere abolir con modificaciones que despiertan dudas ante el inminente final de ciclo.Meses atrás, Cristina enfureció porque sus espías no le informaron que el exintendente de Tigre, Sergio Massa, iba a lanzar su candi­datura para intentar sucederla en la Casa Rosada. Es lamentable que la inteligencia nacional se ­dedique a esas minucias mientras las fronteras son un colador para el ingreso del narcotráfico a gran escala.Es impostergable producir una reestructuración de fondo en una actividad tan sensible; pero, como intuye la oposición política, el proyecto que crea la Agencia Federal de Inteligencia está diagramado para que nada cambie.No sólo es cuestionable la oportunidad para lanzar esta iniciativa, sino que se generan interrogantes sobre algunas cuestiones clave. Una tiene que ver con el traspaso del sistema de escuchas telefónicas a la órbita de la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó, una funcionaria teñida de sospechas por su afinidad con los intereses del kirchnerismo."Este Gobierno no tiene autoridad política ni moral para impulsar una reforma de la ley de inteligencia. Lo primero que deberían hacer es rendir cuenta sobre el manejo de un servicio de inteligencia politizado y mafioso", fue una de las frases más certeras que se oyó durante una manifestación de la oposición contra el proyecto.No parece ser una estrategia novedosa en un Gobierno que insiste en hurgar medidas inapropiadas y extemporáneas que apuntan a garantizarse impunidad ante la retirada.