Nuevos desafíos, lejos de la violencia
En la Argentina, hay 6.805.192 beneficiarios del sistema previsional. Los aportantes suman 11.733.837, lo que equivale a 1,7 trabajadores activos por cada pasivo, y ello representa sólo la mitad que demanda la sustentabilidad del sistema de reparto.
La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la reforma previsional que establece un nuevo cálculo en el aumento a jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo (AUH).
La iniciativa insumió más de 12 horas de debate sobre el proyecto oficial. La sesión se prolongó casi 18 horas, por duros cruces entre los legisladores.
Todo esto acontecía mientras en las inmediaciones del Congreso y en las calles de la ciudad de Buenos Aires se vivía una batalla campal, alentada por grupos identificados con partidos de la extrema izquierda y organizaciones políticas y sindicales afines al kirchnerismo.
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Los sectores violentos, que desplegaron un arsenal de piedras, bombas molotov y hasta armas caseras, desbordaron por momentos a las fuerzas del orden. En ocasiones, estas debieron replegarse y soportar un asedio que, sin embargo, recogió muy pocas expresiones de repudio fuera del oficialismo.
Los integrantes de grupos violentos al servicio de oscuros intereses deben ser detenidos y juzgados por atentar contra el sistema democrático. Y todo el arco político debe condenar ese accionar antisistema.
El regreso de estas prácticas no puede ser tolerado ni justificado con eslóganes que intentan instalar un clima de intolerancia.
Los que proclamaban defender los derechos humanos de los jubilados terminaron castigando a los propios beneficiarios del sistema, quienes –a través de sus impuestos– deberán contribuir a la reconstrucción de las zonas de “batalla”.
Los desafíos incluyen al Gobierno nacional, que alentó un proyecto que comunicó mal y eludió las correcciones necesarias que sugería la oposición.
El nuevo esquema beneficiaría a los pasivos dentro de un año, según proyecciones oficiales. Sin embargo, durante 2018 perderían ingresos por unos 70 mil millones de pesos, de acuerdo con cálculos de economistas y especialistas.
En la Argentina, hay 6.805.192 beneficiarios del sistema previsional. Los aportantes suman 11.733.837, lo que equivale a 1,7 trabajadores activos por cada pasivo, y ello representa sólo la mitad que demanda la sustentabilidad del sistema de reparto.
Es imprescindible un blanqueo laboral que corrija ese desfase, para evitar nuevos colapsos en un esquema que fue desquiciado durante años y puesto al borde de la quiebra por el kirchnerismo, con la jubilación de más de cuatro millones personas sin mínimos aportes.
Los desafíos requerirán de la búsqueda de acuerdos, de la sustentabilidad del esquema de reparto y del castigo a los violentos.
Son las aspiraciones de millones de argentinos que pretendemos vivir en paz y con bienestar.
