Negocio plástico

Un viajero intergaláctico se sorprendería del tenor de las discusiones argentinas, discusiones nacidas de un dudoso apego a la ley o su manifiesta ignorancia. Tal como ocurre en la polémica de la semana pasada referida a la emisión de licencias de conductor por parte de diversos municipios provinciales.

Es sabido que los municipios del Gran Córdoba alimentan su caja chica con los dineros que se recaudan expidiendo carnés en serie, sin demasiadas preguntas ni condiciones, aun cuando en los últimos tiempos varios de ellos incorporaran algunos requisitos cosméticos para darle a la cuestión ciertos visos de seriedad.

De la magnitud del negocio da cuenta un dato ofrecido por el intendente de Villa Allende: son 70 licencias diarias las que tramitan allí ciudadanos de Córdoba Capital, lo que habla de una recaudación de alrededor de medio millón mensual, cifra que se achica pero no es insignificante, en Mendiolaza, Saldán y otras localidades.

Es difícil renunciar a ese dinero fácil. Pero resulta menos sencillo comprender la naturaleza de las explicaciones esgrimidas en un asunto en el que nadie es inocente.

Dicen los intendentes interesados en la defensa de la caja chica que el sistema integrado (Repat) no les impide seguir emitiendo licencias, y, se sabe, lo que no está prohibido es perfectamente lícito, aun cuando no parezca legítimo. Desde el Palacio 6 de Julio, en cambio, alegan que se viola una disposición expresa de la ley 9.169 y un fallo del Tribunal Superior de Justicia de 2008. Como en la mayoría de los casos en los que todos tienen razón, todos están equivocados.

Si de un lado hay municipios agobiados por administraciones deficitarias y clientelares que deben rasguñar cada mes peso a peso a efectos de pagar plantas de personal no muy eficientes ni justificadas y gestiones de escaso rigor, del otro nada se hace por disimular un trato que denigra a los contribuyentes. Durante los pasados meses de enero y febrero, los cordobeses que quisieron tramitar su carné en regla fueron destratados por la falta de personal, la ausencia de planificación y las supuestas caídas de sistema.

Las consecuencias saltan a la vista: hace unos años, un trabajo periodístico de este diario demostró que en un municipio de Sierras Chicas un invidente podía obtener su carné. Más recientemente, se ha visto a inmigrantes que no hablan español obtener el suyo en otra municipalidad de la misma área. Y, para completar la foto, los medios electrónicos reflejan día tras día el padecimiento de quienes son destratados por funcionarios incompetentes y empleados patoteros.

Hay en todo esto una víctima: el ciudadano que quiere enmarcarse en la ley y se convierte en un Sísifo vernáculo, empujando cuesta arriba una piedra que, inexorablemente, se vendrá abajo. Entretanto, los responsables seguirán alegando su total y absoluta inocencia.