Medidas extremas
Está fuera de discusión la legitimidad de los reclamos, pero no es sostenible la recurrencia a adoptar siempre la medida extrema desde el principio de las negociaciones. Sin ofrecimiento ni llamado del Gobierno, docentes ratifican paro por 48 horas
Las imágenes de las aulas vacías cada vez que hay que poner en marcha el ciclo lectivo se reproducen con puntualidad desde hace mucho tiempo, y todo parece indicar que ese panorama se reiterará este año. Las causas son casi siempre las mismas: demandas de recomposición salarial de los cuerpos docentes.
Está fuera de discusión la legitimidad de los reclamos, pero no es sostenible la recurrencia a adoptar siempre la medida extrema desde el principio de las negociaciones.
Frente a las desavenencias y a las posturas inflexibles, los sindicatos docentes coaccionan con la huelga como si se tratara de una cláusula no escrita y que se utiliza como estrategia con matices extorsivos.
En línea con la mayoría de los trabajadores de todo el país, los maestros padecen las consecuencias de una economía inestable y acotada, cuyos resultados influyen de manera directa en los salarios y en la calidad de vida familiar. Una situación que por cierto golpea tanto al sector público de la educación como a aquellos colegios de gestión privada.
Pero la situación, lejos de encarrilarse, asoma cruzada por hechos y procedimientos erráticos. No parece atinada esta vieja modalidad de coacción cuando llega marzo, como tampoco se puede consentir la naturalización de herramientas contrarias al sistema educativo vigente, como es la decisión ensayada en algunos distritos (entre ellos, la provincia de Buenos Aires) de salir a reclutar voluntarios que reemplacen a los educadores en situación de paro.
Habría que sopesar también que la pérdida de días de clases (al inicio o durante el desarrollo del año escolar) impacta de lleno en el aprendizaje de los alumnos, ya afectados por un nivel de enseñanza que en muchos casos no supera los estándares mínimos requeridos, según lo plantean informes de distintos organismos nacionales e internacionales.
Por otro lado, las áreas de educación del Estado y la autoridad laboral –que deben mediar en este y en otro tipo de conflictos gremiales que afectan a servicios públicos esenciales– no pueden permanecer indiferentes ante las controversias que llevan meses de maduración.
Así como muchas medidas de fuerza detonan sin aviso previo, en el caso de la provincia de Córdoba el conflicto docente que amaga con complicar el arranque de las clases se insinuó desde el epílogo del ciclo anterior y con idénticos reclamos, por lo que no debería tomar por sorpresa a los negociadores sindicales y a los funcionarios del Estado.
El derecho conferido a los gremios para reclamar por el bienestar de sus afiliados no debe vulnerar otros derechos, como los de miles de alumnos que quieren estudiar y que, por supuesto, necesitan maestros bien pagos, capaces y contentos.
