Medida de corto alcance

El Gobierno nacional anunció que desgravará el monto correspondiente al primer aguinaldo de este año del cálculo del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, que conforman la cuarta categoría de las personas físicas y jurídicas alcanzadas por el tributo. La medida incluye numerosos aspectos que deberían ser atendidos por las autoridades si de verdad se quiere avanzar en un sistema tributario equitativo.

Aunque en forma tardía, la Nación atendió lo que es un reclamo generalizado por parte de los asalariados que soportan la segunda inflación anual más alta del mundo y, al mismo tiempo, deben destinar una porción cada vez mayor de sus haberes al pago de impuestos.

En la actualidad, uno de cada cuatro trabajadores en el sector formal de la economía debe pagar Ganancias, y se estima que hacia fin de año esa carga alcanzará a uno de cada tres, en función de los aumentos acordados que superan la actualización dispuesta para el mínimo no imponible desde el 1° de marzo y el mantenimiento de las actuales escalas.

La primera inequidad es no haber incluido a los trabajadores autónomos en el beneficio, por lo que la desgravación sólo alcanzará a los registrados a través de los convenios colectivos. Una medida electoralista, en definitiva, como lo dejó entrever el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, poco después del anuncio oficial.

Además de la exclusión de los cuentapropistas, la otra inequidad está referida a que poco se hace para corregir el peso impositivo que soportan quienes están en la informalidad, el cual deviene del “impuesto inflacionario” y de las cargas, por caso, del IVA a nivel nacional y del Impuesto a los Ingresos Brutos en las provincias, para los alimentos de primera necesidad.

Si se suman los ocupados formales e informales, además de los cuentapropistas, se obtiene que nueve de cada 10 trabajadores no son beneficiarios del anuncio oficial, según el centro de estudios Idesa. En definitiva, sólo se procura atemperar el pedido de un sector de gremios enrolados en el oficialismo, a los que además se les promete –en forma reservada– una millonaria compensación para sus deficitarias obras sociales.

Pese a la presión impositiva récord, que este año rondará el 43 por ciento de lo que produzca la economía, se buscan alternativas, como el posible impuesto a la renta financiera, para seguir gravando las distintas actividades y atender así a un gasto público que también será récord. Esto sin que se revisen la eficiencia y eficacia de los gastos estatales.

En definitiva, el anuncio que debe realizar la administración de Cristina Fernández es el del análisis de una reforma del sistema tributario para que sea equitativo. Este debate está bastante lejos de las magistrales puestas en escena que enmarcan los actos oficiales.