Marginación y abuso policial

Varones jóvenes sin antecedentes penales, de entre 18 y 30 años, en los barrios de la llamada “zona roja” de la ciudad de Córdoba, deben soportar a diario distintas formas de abusos policiales.

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Eso significa recurrentes detenciones arbitrarias. En algunos casos, más de una por día o cerca de 50 por año, lo que equivale a decir casi una detención por semana.

Estos datos se desprenden de la tesis doctoral en Ciencias Sociales de una becaria de Conicet, sobre la base de entrevistas realizadas durante 2015.

La investigadora describe en su trabajo 11 llamativas prácticas policiales: entre otras, control excesivo en la vía pública; solicitarles el documento al ingresar o salir de una panadería, o la factura del celular que tienen; demoras en lugares públicos visibles, arrodillados o sentados, durante horas; subirlos al patrullero y retenerlos dando vueltas por el barrio; requisas humillantes; detenciones arbitrarias al entrar o salir del barrio; y razzias en un determinado sector, del que resulta una detención sin registro penal.

El resultado es que los jóvenes sienten miedo de la Policía y no saben a quién pedir ayuda cuando sufren ellos un hecho de inseguridad.

Es más, muchos relatan que, ante el conocimiento de un robo en su barrio, optan por no salir de sus respectivas casas porque sospechan que serán detenidos aunque no estén vinculados con el asunto.

La conclusión de la investigadora es que esta práctica “genera una ruptura de un lazo social muy fuerte”. “Son actores sobrecriminalizados porque, por venir de determinados barrios, van a ser más pasibles de ser detenidos. Pero también están desprotegidos porque no saben a quién llamar”.

Esta perspectiva académica choca contra el discurso que reclama mayor control para reducir la tasa de delitos: “El excesivo control sobre la vida de determinados jóvenes le quita tiempo para otras tareas. Lo que los jóvenes relatan demuestra que el camino de más policías haciendo más control no va a reducir la violencia sino que fomenta más violencia, porque si la interacción policial es violenta hay mayor posibilidad de respuestas violentas”.

Queda claro que combatir a la delincuencia no requiere de la estigmatización de jóvenes de barrios pobres, que por el abuso policial se ven privados del elemental derecho a transitar por las calles.

Por supuesto, para poner fin a esa particular forma de exclusión que es la pobreza, el Estado no sólo debe llamarles la atención a sus policías sino también desplegar acciones políticas –programas económicos, educativos, culturales, sanitarios– de integración.

La marginación y el abuso policial deben ser combatidos por igual. No alcanza con eliminar sólo uno de estos factores.