Lo que quieren los vecinos

Es una norma no escrita en los 30 años de democracia que los gobiernos llegan al poder basándose en los reclamos de los ciudadanos, pero, ya en el ejercicio de sus funciones, tales compromisos son rápidamente olvidados. Esta desvalorización de la democracia se repite en forma sistemática desde 1983 a la fecha en los distintos niveles de gobierno. Sucede, por caso, cuando se llama a audiencia pública para discutir las leyes económicas de la provincia de Córdoba, en la cual participan desde particulares hasta empresas que exponen las demandas de sus sectores. Luego de horas de debate y de exposiciones fundadas en datos ciertos, suele suceder que ninguna sugerencia es tomada en cuenta y los proyectos de ley se votan tal cual fueron enviados desde el Poder Ejecutivo. Días atrás, el titular de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba (Cimcc), Emilio Etchegorry, sostuvo que luego de varios años de presentaciones, la entidad ha resuelto no asistir más a estas convocatorias, ya que sus aportes no son tenidos en cuenta.Algo similar sucede en la ciudad de Córdoba, donde los vecinos asistían con moderado interés a la elaboración de los presupuestos participativos para indicar las prioridades y necesidades de cada barrio, y que estas fueran incluidas en el Presupuesto general del municipio. Aunque quizá resulte insignificante para el cálculo general de gastos y recursos del Palacio 6 de Julio, la pavimentación o simple enarenado de una calle, el sostén de un centro vecinal o la habilitación de un centro de atención odontológico, para los residentes de un espacio de la ciudad son, en cambio, hechos mayúsculos.El Presupuesto Participativo (PP) acumula una serie de frustraciones que termina desalentando lo que es la vivencia de la democracia en el núcleo más pequeño de una gran urbe. Este tipo de asambleas casi ha desaparecido de la acción municipal. Al respecto, el Grupo de Democracia Participativa de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba denunció que el Ejecutivo municipal sub­ejecuta los recursos otorgados y los redirecciona al pago de deudas de ejercicios anteriores en vez de asignarlos a nuevos proyectos.Durante la audiencia por la discusión del Presupuesto 2014, este grupo señaló los desvíos en 2012 y 2013, que fueron refutado por funcionarios municipales señalando simplemente que los datos vía Internet no habían sido actualizados, lo que, por otra parte, estaría mostrando falta de transparencia en la información pública.Estos hechos socavan el interés de los vecinos por participar en las decisiones oficiales, con lo cual se abre una peligrosa brecha entre representantes y representados que suma reparos a cómo está funcionando la forma de gobierno que se eligió en los últimos 30 años. Estos antecedentes no deben ser tolerados por ningún dirigente de la democracia que se precie de tal.