Las Tejas, el fondo y las formas

Hace apenas una semana, la piqueta comenzaba a caer sobre el viejo edificio ubicado al final de la avenida Chacabuco, en Nueva Córdoba. Ese primer golpe –una rutina para el operario de la empresa de demolición– tuvo un alto valor simbólico: la sede del Gobierno provincial, desde 1958, empezaba a caer. Siete días después, el bloque central de oficinas es casi un recuerdo, luego de febriles jornadas de trabajo de obreros y máquinas. Y en pocos días más comenzará a abrirse la traza de la avenida hacia la Ciudad Universitaria y se iniciará el planteo del futuro Parque de Las Tejas.Lo que el trajinar de las topadoras no logra acallar es la polémica en torno de las obras. Sectores de la oposición y parte de la sociedad cuestionan que en aras del progreso se destruya un pasado de valor arquitectónico y cultural, y denuncian que el frenesí impuesto a las obras y la ausencia de debate en torno de ellas sólo tiene fines electorales. Desde el Gobierno se destaca la ejecutividad, se minimiza el valor histórico del edificio y se descalifica a quienes critican, por ser "profetas del atraso". La realidad quizá exceda estas simplificaciones.Es cierto que la ciudad de Córdoba requiere intervenciones urbanísticas que la pongan en valor. La jerarquización de la avenida Yrigoyen, la iluminación de la Circunvalación, el nudo de la ruta 9, la nueva Terminal de Ómnibus y el Centro Cívico son apenas algunas de las numerosas obras que apuntan a ese objetivo. Y siempre es bueno generar espacios verdes y lugares de esparcimiento, como el parque que se proyecta. Pero una ley aprobada entre los festejos de fin de año, un proyecto que va siendo explicado a medida que caen los muros y crecen las objeciones, y el juego al límite con las normas legales no son buenos ejemplos de transparencia democrática.Tal vez sea verdad lo que algunos funcionarios salen ahora a explicar, en el sentido de que la casa –construida por la Fundación Eva Perón para instalar un geriátrico que nunca llegó a funcionar– mostraba un acelerado deterioro y era más costoso mantenerla que demolerla. Pero se vedó el acceso a la prensa y no se exhibieron pruebas de que ese deterioro haya afectado por igual a todo el edificio ni de que justificara una mudanza apresurada, que obligó a alquilar sedes temporarias, con grandes inversiones y trastornos para empleados y ciudadanos. Todo para volver a mudarse en menos de un año, cuando se inaugure el nuevo Centro Cívico.La actual gestión concluye en diciembre, pero el Gobierno provincial no termina. Tal vez sea hora de que comprendamos que importa tanto ser ejecutivo como racional en los gastos y en las decisiones.En el mismo orden, cabe preguntarnos: aun cuando aceptemos que el edificio no tenía valor arquitectónico, ¿el único destino posible era demolerlo? ¿No se justificaba, siquiera, preservar un ala del inmueble para las futuras generaciones e instalar allí un museo, integrado al futuro parque, en el que se revivieran los años de vida democrática y los días oscuros en que la Casa de las Tejas fue sede de regímenes autoritarios?¿Sólo interesa el valor económico, para excluir de las topadoras únicamente al centro de cómputos y al moderno salón de usos múltiples? ¿No hay contabilidad para medir el valor simbólico? Y, lo más importante: ¿deberemos acostumbrarnos los cordobeses a que el único modo de hacer obras, como ocurrió con la remodelación del Palacio Ferreyra y el Buen Pastor, es a hurtadillas y contrarreloj? ¿O algún día podremos debatir qué es lo mejor para la sociedad en su conjunto, sin arrollar a quienes piensen distinto, se trate de sectores de la oposición política, la prensa independiente o los ciudadanos?