La responsabilidad es de todos
Las patéticas imágenes de los dirigentes políticos responsabilizándose mutuamente por el narcotráfico deben ser dejadas de lado para encarar un plan federal contra ese flagelo.
La dirigencia política de la Argentina ha advertido demasiado tarde que la droga y el narcotráfico son flagelos que penetran todos los ámbitos y que destruyen la vida humana y la organización social.
Esta es la primera conclusión que arrojan las declaraciones de las principales autoridades del país y de las provincias, quienes se culpan mutuamente por la penetración del consumo y el tráfico de drogas.
Por contrapartida, entidades no gubernamentales y grupos religiosos venían señalando las graves consecuencias que provoca el uso alarmante de los diferentes tipos de alucinógenos. Sus advertencias eran minimizadas por los poderes de turno, y las sugerencias de acciones concretas no eran puestas en práctica.
Argentina se ha convertido en uno de los países de mayor demanda, por distintas razones, entre las que prevalecen la evasión de la realidad ante crisis familiares, la ausencia de un futuro promisorio y la acumulación de frustraciones.
La demanda de estupefacientes golpea en forma transversal a los distintos sectores sociales, pero de modo especial a los más vulnerables. Las Madres del Paco es una agrupación que venía llamando la atención de las autoridades por la adicción y la destrucción física y psíquica que provoca el consumo de esta combinación de elementos residuales de la cocaína.
Primero fue la Iglesia Católica y luego otra intervención de la Corte Suprema de Justicia los que alertaron sobre la expansión y la instalación de organizaciones de narcotraficantes. Este hecho coloca a la Argentina en situaciones tan dramáticas como las que se viven en ciertos territorios de México, Colombia y Brasil.
Ante estos llamados de atención, que –vale insistir– venían formulando organizaciones sociales, sacerdotes que actúan en las villas miseria y jueces federales del norte argentino, las autoridades decidieron reaccionar. Pero tanto funcionarios nacionales como de las principales provincias actuaron culpando a otros niveles de gobierno de la falta de acciones coordinadas.
La sociedad observa un patético reparto de culpas entre gobernadores, por un lado, y ministros y autoridades nacionales por el otro, que se enrostran la incapacidad para combatir un poder que se extiende desde el control de un comedor comunitario hasta el manejo de los principales resortes del poder político.
Es hora de dejar de lado el oportunismo para pasar a la acción, con la definición por consenso de un plan federal de combate al narcotráfico, que aparece ausente más allá de los actos mediáticos de grandilocuentes operativos que no dan resultados positivos en la práctica.
Al contrario de lo que sugieren diversos exponentes del Gobierno nacional, la droga es un drama que destruye y corrompe, provocando anomia y anarquía social.
