La pesadilla de la corrupción
La Justicia debe investigar a fondo las denuncias de la Auditoría General de la Nación acerca de que parte del dinero destinado a la fundación Madres de Plaza de Mayo tenía otros beneficiarios.
Un lugar común, con significación positiva, en el imaginario de las clases medias de nuestro país es "el sueño de la casa propia". En sintonía con ello, cuando la fundación Madres de Plaza de Mayo asumió el proyecto de construir viviendas sociales con fondos aportados por el Estado nacional, creó el programa Sueños Compartidos, como una forma de señalar que compartía el sueño de las familias argentinas. El problema es que un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) ha concluido que lo único que produjo esa iniciativa fue la pesadilla de la corrupción.En declaraciones a este diario, el titular de la AGN, Leandro Despouy, explicó que las Madres de Plaza de Mayo debieron recibir, entre 2005 y 2011, unos 1.295 millones de pesos, de los cuales la institución pudo auditar –sin la asistencia del Banco Central– 779 millones, lo que le alcanzó para determinar que al menos unos 42 millones jamás ingresaron a la cuenta de la fundación habilitada a tal efecto.La operatoria descubierta deja al desnudo la falta de controles por parte del Estado: según el informe, lo "normal" era que los cheques del Estado no ingresaran a la cuenta de la fundación Madres de Plaza de Mayo, sino que se negociaban con particulares, que entregaban el dinero correspondiente a quien figuraba entonces como su apoderado, Sergio Shocklender.Tanto Sergio como su hermano Pablo, más un contador de la fundación y hasta funcionarios del Gobierno nacional, aparecen reiteradamente como beneficiarios de los fondos administrados. Según Despouy, sólo los hermanos Schoklender fueron beneficiarios por cheques que suman más de 36 millones de pesos.Este es el punto más crítico del informe al que Jorge Capitanich, jefe del Gabinete de Ministros de Cristina Fernández, calificó en sus habituales conferencias de prensa como "poco riguroso", además de afirmar que "la Auditoría es una herramienta de la oposición".En realidad, la Auditoría General de la Nación es una institución del Estado cuyo objetivo es controlar al propio Estado. Y, si bien, con base en la legislación vigente, está presidida por un representante del principal partido opositor –para el caso, y en su momento, la Unión Cívica Radical–, su colegio de auditores está conformado por siete profesionales, de los cuales cuatro son del oficialismo. Uno de ellos, por cierto, salió a respaldar lo actuado por la Auditoría.El informe de la AGN debiera servirle a la Justicia para determinar en un plazo perentorio si hubo estafa y desvío de fondos, en su caso cuáles fueron los montos afectados y quiénes fueron los responsables de estos delitos que, por supuesto, no deben quedar impunes. Hasta que eso ocurra, si el Gobierno no tiene documentación de peso para criticar el accionar de la Auditoría, le conviene guardar silencio.
