La Justicia por asalto
El proyecto de ley para habilitar el "per saltum" vuelve a demostrar que la Nación no trepida en presionar a la Justicia para cumplir sus objetivos de acumulación de poder.
En una nueva arremetida contra la prensa independiente, el bloque de senadores kirchneristas presentó un proyecto de ley para habilitar el recurso de per saltum , mecanismo que permite a la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenir en una causa eludiendo las instancias anteriores. El proyecto es impulsado por el senador Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque oficialista, y establece que el recurso se aplicará en aquellas causas del fuero federal en las que se acrediten situaciones de gravedad institucional.Si bien el proyecto reconoce la facultad de la Corte de rechazar este recurso extraordinario, también implica que su admisión conlleva la suspensión inmediata de la resolución recurrida.Hay que ser claros en un punto: la decisión del Gobierno de aprobar una ley que establezca una vía rápida para llevar un caso de manera directa a la Corte es un intento de trasladar la presión política al alto tribunal.Al mismo tiempo, coloca a una de las partes –el Grupo Clarín, en este caso, pero también eventualmente a todos aquellos que puedan ser afectados en causas similares– en una posición de desventaja al momento de ejercer su defensa.El procedimiento no resulta del todo transparente, debido a que, por lo general, sólo el Estado tiene suficiente fuerza para lograr que los ministros de la Corte se avoquen a un per saltum .Entonces, el esquema queda conformado por una parte más débil frente a otra que logra que la Corte resuelva el caso cuando este debía tramitarse en instancias inferiores.Hay antecedentes de este procedimiento en el país. Se utilizó durante la presidencia de Carlos Menem para la privatización de Aerolíneas y los aeropuertos. Néstor Kirchner lo usó en Santa Cruz para la reforma constitucional en 1998.Cuando era senadora, Cristina Fernández presentó un proyecto parecido en el Congreso. Curiosamente, en 2006, se negó a aprobar una propuesta de la UCR para los juicios de ejecuciones hipotecarias, alegando que no se podía legislar para un caso en particular.Pero ahora todo indica que se trata de legislar para un caso particular. De hecho, el proyecto se retocó para que el recurso también pudiera aplicarse ante medidas cautelares, como la planteada por el Grupo Clarín en la denuncia de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley.Sin dudas esta iniciativa del Gobierno es un paso más en su embestida contra los medios críticos que no comulgan con el relato oficial.El objetivo es darle punto final al caso cuanto antes y desguazar una empresa que, precisamente por su capital social y económico, puede mantener su independencia.La ley de medios –que se pretendía un instrumento de democratización– se ha convertido así en un arma apuntada contra los principios básicos de la democracia.
