Insinceridad remunerativa
La ciudadanía rechazó el incremento salarial que intentó el Gobierno en beneficio de funcionarios y legisladores. Pero más rechaza un desgastado estilo político que agravia su inteligencia.
Si algo demuestra el zarandeado tema del aumento de sueldos para funcionarios y legisladores provinciales es que ya no se puede jugar con los anuncios y, menos aún, con las palabras que se usan para enunciarlos.
El gobernador Juan Schiaretti, antes de viajar a Israel, firmó y envió a la Legislatura el proyecto que disponía un incremento de entre 2.500 y 4.500 pesos para la planta política del Poder Ejecutivo y de la Unicameral. No puede decirse que el pueblo haya recibido con alborozo la noticia de que sus representantes verían aumentados sus ingresos en porcentajes que duplican y hasta triplican los acordados este año con los empleados públicos y también los que negociaron los gremios privados.
Seguramente influyó en el rechazo popular a la medida la baja estima que la ciudadanía tiene sobre la labor de legisladores y funcionarios. Pero hubo también errores evidentes en la oportunidad, en el modo de instrumentación de la propuesta y en la forma de comunicarla.
¿Es correcto que un legislador gane más de 14.100 pesos mensuales y una directora de escuela de nivel medio roce los 4.000 pesos? Es difícil un consenso en el debate sobre esta cuestión, porque siempre habrá elementos para hablar de la justicia o la injusticia de una remuneración.
Lo que no se puede hacer es postergar el tema durante meses y luego plantear un aumento repentino de casi 50 por ciento (que para los legisladores representaban 4.500 pesos más de lo que venían percibiendo), en momentos en que la mayoría de los ciudadanos no recibe esa cifra ni siquiera como ingreso mensual del grupo familiar y debe afrontar, además, una catarata de ajustes de tarifas, precios e impuestos.
Otro aspecto cuestionable es que apenas 44 días después de que el gobernador Schiaretti anunciara su decisión de terminar con la estafa virtual de los aumentos no remunerativos, se recurriera ahora al eufemismo de una "compensación por gastos inherentes a la función", con el agregado de que sería de carácter "provisorio y revocable".
Tampoco es entendible que se haya pretendido ocultar el incremento y disimularlo en medio de los festejos por los resultados que está obteniendo la selección argentina en Sudáfrica.
Mucho menos comprensible es que los mismos legisladores de la oposición que venían reclamando el aumento fueran los primeros en tomar distancia de él luego de que estallara el escándalo. ¿Error de cálculo o "chicana" política?
El Gobierno anunció ahora que retira la iniciativa. Bueno sería aprovechar el debate abierto para hacer un análisis a fondo de la política de remuneraciones, sin hipocresías, sin falsas demagogias, pero también evitando maniobras clandestinas para corregir en una sola acción lo que el sentido común indicaba que debió ser hecho con una política salarial coherente.
