Explicaciones imprescindibles

En un hecho inédito desde la restauración de la democracia en 1983, el actual vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, aparece relacionado con una serie de denuncias por supuestos tráfico de influencias y uso de testaferros en una empresa vinculada con la impresión de papel moneda y, como tal, contratista del Estado por cifras millonarias. Los hechos han pasado inadvertidos para buena parte de la población, ya que la actuación del vicepresidente en el caso y los presuntos delitos cometidos por quienes hoy administran la compañía, así como los favores que recibió de distintos organismos del Estado, fueron ignorados por la prensa adicta al oficialismo. Incluso, ningún miembro de la actual gestión o del  partido gobernante en ambas cámaras del Congreso se refirió en público a esas denuncias.La causa fue asumida por la Justicia luego de que dos particulares insistieran en sus denuncias, las que ya se venían ventilando en los medios de comunicación independientes.El silencio oficial y el ocultamiento por parte de las publicaciones fieles es la receta para no aludir a hechos gravísimos que rozan a la segunda autoridad en la línea sucesoria presidencial y a otros importantes funcionarios, entre ellos el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.La empresa en cuestión es la ex Ciccone Calcográfica, vinculada en su momento al desaparecido empresario Alfredo Yabrán. La firma recibió facilidades para sortear su situación de quiebra, fue vendida a otra compañía, y aparece ahora como la candidata sugerida por Boudou para prestar servicios de impresión de moneda en un posible contrato con el Banco Central por 50 millones de dólares.Las irregularidades no terminan ahí: el titular de la Afip desactivó un equipo de sabuesos y las investigaciones que se realizaban por el presunto uso de facturas "truchas" por cifras millonarias, que involucraban a la ex Ciccone y a otras empresas. Tampoco son tenidos en cuenta los testimonios de una mujer, quien declara ser la esposa de un influyente hombre de negocios, el que actuaría como representante de Boudou en negocios incompatibles con la función pública. Las denuncias sobre tráfico de influencias y el uso de testaferros por parte del vicepresidente de la Nación merecen una respuesta seria y profunda del Poder Ejecutivo.Vale recordar, además, que el actual Gobierno tiene como delegado y secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) a Carlos "Chacho" Álvarez, quien en el año 2000, cuando era vicepresidente de la Nación, renunció por el presunto pago de coimas en la Cámara Alta, un hecho que la entonces senadora Cristina Fernández denunció y aún cuestiona con la severidad que el tema merece.