¿Esta es la república posible?

La judicialización de la política y su inverso –la politización de la Justicia– son dos males que afectan uno de los principios republicanos básicos, que tiende, precisamente, a establecer un equilibrio entre los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Fue una innovación producida en las constituciones modernas después de la caída de los regímenes monárquicos y las monarquías constitucionales. Fue el resultado natural de la evolución de las sociedades hacia sistemas más moderados, más participativos, más pluralistas. La división de poderes fue de la mano con la conquista y la ampliación del sufragio universal, del voto ciudadano. Y es en ese sentido que la república y la democracia son dos conceptos inseparables, como dice nuestra Constitución Nacional cuando establece que la Argentina adopta para su gobierno la fórmula representativa, republicana y federal. Representativa, porque se basa en la voluntad popular libremente expresada en el voto; republicana, porque uno de sus pilares es la división de poderes, que garantiza la independencia de cada uno de ellos, y federal porque reconoce la autonomía de las provincias como otro de los pilares de la organización nacional.Estas ideas, que tienen el tono y la breve estructura de una lección escolar, no fueron sin embargo bien aprendidas a lo largo de la historia nacional, durante la cual fueron desconocidas, vulneradas y hasta pisoteadas. Hubo dictaduras, regímenes de facto, repúblicas débiles o restringidas y democracias autoritarias, plebiscitarias y delegativas, como la que hoy parece campear en los intentos reeleccionistas, los constantes escarceos entre jueces y políticos y en esa peligrosa idea de que la democracia es ante todo un plebiscito permanente, una sistemática delegación de poderes en la que las instituciones y los mecanismos de control se diluyen. Hay batallas políticas que se libran en la Justicia y viceversa. Hay jueces que se definen como políticos de partido e incluso como "militantes", cuando la independencia de jueces y magistrados es una garantía constitucional.El caso del vicepresidente Amado Boudou es quizá el más visible, por el cargo que ejerce y porque de acusado pasó a acusador y ahora está de nuevo a la defensiva. Tiene defensores y detractores en la Justicia, cuando todos deberían ser imparciales. Y hay decenas de casos parecidos en diferentes niveles del Estado, de los cuales sólo algunos toman estado público.En medio de este clima de enrarecimiento institucional, se cuela ese gran mal de nuestro tiempo que es la corrupción, el tráfico de influencias, que se sale constantemente de la esfera pública y se vuelca al sector privado, envenenándolo todo a su paso. ¿Será esta nuestra "república posible"? No debe haber sido este el sueño de Juan Bautista Alberdi y demás hombres de su generación.