En la dirección correcta

El Gobierno nacional anunció cambios en el Impuesto a las Ganancias y en las asignaciones familiares. Ambos puntos constituían un sostenido reclamo de amplios sectores sociales. Ese pedido fue desoído por las anteriores autoridades, pese al impacto de la inflación. El mínimo no imponible para asalariados y jubilados se incrementa desde el 1 de enero último de 15 mil a 30 mil pesos, lo que –de acuerdo con los cálculos oficiales– supondrá una mejora de entre ocho y 22 por ciento en los haberes de quienes estaban alcanzados por el tributo.En el caso de las asignaciones familiares, que ahora alcanzarán a 1,2 millones de beneficiarios, la decisión del presidente Mauricio Macri apunta a ampliar la cobertura. Aunque no se modificaron los montos finales, el paso de una categoría a otra supondrá una mejor remuneración.Las medidas van en la dirección correcta, que es recuperar el poder de compra de trabajadores y miembros de la clase pasiva, abruptamente recortado por los aumentos de precios que se produjeron en el último trimestre.Cálculos extraoficiales indican que entre noviembre y enero últimos, la suba superó el 15 por ciento promedio. La "inflación Congreso", que miden las consultoras privadas, detectó un aumento de 30 por ciento en los últimos 12 meses.Los anuncios incluyen claroscuros que deberán ser salvados por la autoridad de aplicación y por los legisladores nacionales, quienes tendrán que corregir también las múltiples enmiendas parciales realizadas durante el kirchnerismo, lo que tornó complejo e inequitativo el tributo, que debería ser progresivo.Pero la cuestión de fondo sigue siendo la inflación, que profundiza la injusticia social, distorsiona el funcionamiento de la economía y suprime las posibilidades de desarrollo de un país con enormes potencialidades.La anterior administración nacional hizo de la inflación su principal estandarte político, cuando, durante los 12 años de gobierno, esa palabra fue escasamente mencionada en las casi semanales alocuciones de la entonces presidenta Cristina Fernández. Incluso se llegó a perseguir y denunciar judicialmente a economistas y consultoras que efectuaban mediciones privadas.La clase dirigente debe asumir que el despilfarro en el gasto público conduce de forma inexorable al déficit fiscal, el cual desemboca en un endeudamiento impagable, como sucedió durante el menemismo en la década de 1990, o en una emisión incontrolable, en los años recientes.Es justo que los trabajadores y los más rezagados en la escala social recuperen el poder de compra perdido por la suba de precios.La sociedad tiene que entender que la lucha contra la inflación es un objetivo irrenunciable, que implica limitar el malgasto público –por ende, el déficit fiscal– y alentar la inversión y competencia entre oferentes de bienes y servicios.