El derecho a manifestarse

El próximo miércoles 18 se realizará en la Ciudad de Buenos Aires y principales centros urbanos del país una marcha en silencio y sin banderías políticas para expresar el dolor y pedir justicia, al cumplirse un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman. La convocatoria fue formulada por la Asociación Argentina de Fiscales con los objetivos mencionados. Adhirieron agrupaciones políticas y sectoriales, incluidas las asociaciones judías y la Iglesia Católica, a través de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, así como la Asociación de Magistrados de Córdoba.Sin embargo, en el ámbito de la Justicia existen posiciones encontradas en sus distintos niveles, pues organizaciones afines al Gobierno nacional –Justicia Legítima, entre ellas– han cuestionado la movilización.Incluso, desde el Gobierno nacional se inició una campaña de desprestigio, que se profundizó a partir de manifestaciones de la Presidenta ante militantes partidarios en la Casa Rosada, el miércoles último. "El odio se lo dejamos a ellos, el amor es nuestro", dijo. Y agregó: "Nos quedamos con el canto, con la alegría; a ellos les dejamos el silencio, porque no tienen nada para decir o porque no pueden decir lo que piensan".Esas frases han sido expuestas por los principales voceros oficialistas. Además, el secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, insiste en sembrar dudas en torno de los participantes de la manifestación, en un claro intento de descalificar la marcha.La declaración de la Presidenta profundiza la división entre los argentinos y genera una grieta entre quienes piensan distinto acerca de un hecho que conmueve al país, por lo que sería deseable que sus palabras tendieran un puente para el diálogo y la búsqueda de la verdad. Hasta ahora, sus expresiones han marcado el camino contrario.El Gobierno debe respetar el derecho constitucional a manifestarse de quienes así lo desean. El silencio, en este caso, debe convertirse en un ámbito de reflexión sobre un hecho inédito en la vida democrática del país, y para vislumbrar los modos de restablecer la confianza de los ciudadanos en la Justicia y los organismos de seguridad del Estado.El Poder Ejecutivo Nacional debe enmendar también el no haber presentado sus condolencias a la familia de Nisman, como sí lo hizo en el caso de la muerte de reconocidos artistas u hombres públicos.Todos estos elementos prefiguran un escenario en el que el Estado –a través de sus organismos– debe dar las garantías necesarias para la realización de la marcha en paz y con respeto, aun cuando disienta con sus objetivos.Por lo demás, el Gobierno deberá entender que, como suele decirse, el peso del silencio es un mensaje más profundo y elocuente que el uso irresponsable de miles de palabras.