La doble cara de un conflicto

Las aguas gremiales han vuelto a agitarse en los últimos días. Ello, pese a que no pasó mucho tiempo desde la “reunión cumbre” en la que se firmó el nuevo convenio del salario mínimo, vital y móvil, entre el Gobierno nacional y los sindicatos oficialistas, y se pusieron en marcha las negociaciones paritarias con los valores de referencia aprobados en esa oportunidad.

Preocupados por la inflación y por el impacto del Impuesto a las Ganancias, los gremios exigen ahora la reapertura de la negociación salarial o el pago de una bonificación extra antes de fin de año a modo de compensación.

Un dirigente de la Unión de Docentes de Buenos Aires –sindicato que llamó a una huelga contra el gobernador Daniel Scioli– utilizó las palabras exactas: “La inflación se comió al salario”.

Esa es la sensación de la inmensa mayoría de los trabajadores. No creen en las cifras del Indec ni en la palabra de los funcionarios oficiales. Sólo creen en los costos de los alimentos en las góndolas, de los servicios y del transporte.

No obstante, es necesario distinguir entre la opinión de los trabajadores y la de los dirigentes sindicales, que no siempre coinciden, ya que muchos de estos manejan recursos de manera discrecional y muestran un nivel de vida totalmente alejado del de un asalariado común.

Así, en medio de la discusión salarial, aflora otra puja de intereses, que, por ahora, se mantiene en estado latente, pero que puede estallar en cualquier momento. Es que si algo alarma a la dirigencia sindical son las tentativas del kirchnerismo de avanzar sobre las obras sociales, a las que los sindicatos consideran “su caja”, por la magnitud de los fondos que administran.

En la gestión de las obras sociales, se confunden cuestiones estrictamente relacionadas con la salud y diversos negocios turbios, como quedó de manifiesto en el caso de los medicamentos adulterados.

Así, con la doble finalidad de ordenar y recaudar para las propias arcas, el Gobierno nacional ha intentado atacar sin éxito a este monstruo de 100 cabezas, a menudo con resoluciones de las que tuvo que retractarse y con acciones apresuradas por parte de algunos de sus funcionarios.

Hay que recordar que las obras sociales fueron entregadas a los gremios por el dictador Juan Carlos Onganía, a fines de la década de 1960.

A aquella época se remonta la historia de estas corporaciones, que proveen de enormes recursos a los sindicatos y que, pese a la división en distintas centrales de trabajo, aliadas u opositoras al Gobierno, siguen representando un interés compartido por todas las cúpulas.

El país se debe un debate acerca de si la prestación de la salud debe quedar o no en manos de los sindicatos. Pero cualquier discusión sobre ese punto resulta imposible en el contexto de un proceso inflacionario como el actual, que vuelve aún más urgentes todas las urgencias cotidianas.