Dignificar el servicio doméstico

Las empleadas de casa de familia vienen logrando conquistas y derechos que contribuyen a corregir las desigualdades de las que fueron víctimas durante años. Es un sector caracterizado por la desprotección legal, y vulnerable frente a la informalidad extrema en la que suelen desarrollar sus tareas.

Persisten aún hoy situaciones de suma gravedad en perjuicio de este sector laboral, que han dado motivo, incluso, a denuncias judiciales.

Al respecto, en la Justicia provincial se ventila una causa que está en las proximidades de un juicio, a raíz de las presuntas vejaciones de las que habría sido objeto una empleada que al parecer fue obligada a renunciar, tras ser forzada por su patrona a desnudarse para determinar si le había sustraído dinero.

La investigación que ahora fue elevada a juicio relata un episodio lamentable, toda vez que afecta la dignidad humana y debe ser resuelto, como corresponde, en los tribunales.

Además, hechos como los denunciados van a contramano de las resoluciones que se toman a nivel mundial en defensa de este universo de trabajadores que reclaman por sus derechos.

En 2011, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Ginebra, adoptó un convenio mundial que establece las condiciones laborales mínimas para las trabajadores domésticas e invitó a los países miembros a sumarse a esa reglamentación.

En ese marco, la Argentina refrendó en marzo de este año un instrumento de ratificación de aquel convenio de la OIT destinado a mejorar las condiciones de vida y laborales de millones de empleadas domésticas en todo el mundo.

De forma paralela, el Gobierno nacional reglamentó el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares –establecido por la ley 26.844– y creó también un servicio de conciliación obligatoria.

Entre otras disposiciones, se fija la “relación de dependencia” para aquellas personas que trabajen 32 horas semanales para el mismo empleador y faculta al Ministerio de Trabajo a “dictar normas complementarias”, y a la Administración Federal de Ingresos Públicos a “implementar los mecanismos necesarios para proceder a la retención del importe correspondiente a la cuota sindical que establezcan los gremios que representan a las trabajadoras de casas particulares”.

Esa es una ajustada reseña de la flamante normativa que apunta a transparentar las relaciones laborales que deben respetar los empleadores y, por su parte, defender las dependientes del servicio doméstico, por cierto que cumpliendo también sus obligaciones en tiempo y forma.

Es esencial que se avance en la valoración de los derechos de las trabajadoras de casa de familia, aunque su situación no escapa a las generales de políticas erráticas, que no aciertan a bajar los altos índices de trabajo informal en el país.