Día de evocación y reflexión
En un año en que la democracia acudirá otra vez a las urnas, es necesario profundizar la defensa de los derechos humanos hoy ideologizados y cooptados por el poder central.
Cada aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 renueva la posibilidad de repasar los hechos políticos, sociales y judiciales vinculados con aquel acto irracional que puso en marcha la dictadura más sangrienta de la historia argentina. El 3 de agosto de 2002, el Congreso Nacional sancionó una ley por la cual se estableció el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora en todo el país.En línea con el espíritu de la ley, hoy será una jornada de actos, de evocaciones y de respeto por los miles de víctimas que murieron o que lograron sobrevivir a los métodos ilegales de represión puestos al servicio del terrorismo de Estado.Muchos cayeron y otros resistieron; pero, en realidad, todo el pueblo sufrió de distintas formas las consecuencias de un régimen lacerante que tomó por asalto el poder, hace 39 años.Vale reflexionar, entonces, sobre el rol que jugaron los argentinos en su conjunto para recuperar la democracia robada e inundar las calles de esperanza, cuando las elecciones libres y soberanas del 30 de octubre de 1983 sellaron el final de la barbarie.Sin embargo, desde su llegada al poder, en 2003, el kirchnerismo ha ejercido un aprovechamiento político de la defensa de los derechos humanos, aun cooptando organizaciones que luego fueron sacudidas por graves casos de corrupción.No debe haber grises en esta materia: muchos ciudadanos que no adscriben al poder central o a un partido político celebran de igual forma que en los tribunales de la democracia se juzgue y se condene a los genocidas responsables de los crímenes de lesa humanidad ejecutados antes y durante la dictadura.No es un buen gesto, asimismo, que la presidenta Cristina Fernández se empecine en defender al jefe del Ejército, el teniente general César Milani. El alto oficial sigue en su puesto pese a haber sido denunciado por la desaparición de un soldado y por la aplicación de torturas a un militante político, en 1976.Es verdad que hubo aciertos, como fue el impulso político para la derogación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, además del indulto, que dejaban a los dictadores y a sus subalternos a salvo de la Justicia.Este avance se replicó de manera exitosa en los juzgados federales de distintas jurisdicciones del país, que aceleraron los procesos y permitieron enjuiciar y castigar con penas severas a muchos represores.En un año en que la democracia acudirá otra vez a una de sus herramientas más preciadas, como es la renovación de autoridades a través del voto popular, es necesario profundizar la defensa de muchos derechos humanos hoy ideologizados. Será un merecido homenaje a los miles de víctimas de la dictadura.

