Una deuda con la sociedad

En el país se están produciendo acontecimientos políticos, institucionales, sociales y judiciales que apuntan más a las fracturas y los enfrentamientos que a la unidad nacional y los amplios consensos. Hace unos días, murió Santiago Carrillo, el veterano líder del Partido Comunista Español, quien tras la muerte de Francisco Franco se convirtió en una pieza clave y en uno de los artífices de la ejemplar transición democrática en España. No lo hizo solo sino junto con sectores provenientes del franquismo, la centroderecha y toda la izquierda, entre ellos el Partido Socialista liderado por el entonces joven Felipe González. Esto ocurría durante el post-franquismo, desde mediados de la década de 1970, período durante el cual se sancionó una nueva constitución y se aprobaron los históricos pactos de la Moncloa, una especie de acuerdo social suscripto por el nuevo gobierno, los empresarios y las dos grandes centrales sindicales.En la Argentina se vivió un clima similar después de la restauración de la democracia en 1983, aunque fue más breve, ya que al poco tiempo afloraron los viejos conflictos políticos y sociales, que debilitaron al gobierno de Raúl Alfonsín y promovieron el retorno del peronismo al poder en 1989, cuando Carlos Menem fue elegido presidente de la República.Pero los argentinos recuerdan aquellos pocos años de armonía, de consensos y del restablecimiento pleno de los derechos humanos, cuyo paradigma fue el histórico juicio a los principales responsables de la pasada dictadura militar.El juicio se desarrolló entre 1983 y 1985, y fue todo un ejemplo para América latina, más allá de que se malograra por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y por el indulto de Menem a los condenados y procesados en aquella sentencia de 1985. Un indulto que fue silenciado por muchos de los que hoy están en el gobierno y se sienten propietarios de la causa de la defensa de los derechos humanos.Este es el trasfondo del pronunciamiento de dirigentes políticos y sindicales del peronismo disidente, como el líder camionero Hugo Moyano, Adolfo Rodríguez Saá y el gobernador cordobés José Manuel de la Sota y muchos otros, que junto a casi todos los partidos de oposición, reclaman la reapertura del asesinato del ex líder de la CGT José Ignacio Rucci en septiembre de 1973, dos días después de la victoria electoral de Juan Domingo Perón, de quien Rucci fue uno de sus principales sostenes.Además de la reapertura de la causa, ese amplio arco político reclama que aquel crimen cometido por un comando montonero sea declarado de "lesa humanidad", de manera tal que el caso no prescriba. Sin dudas, el esclarecimiento del asesinato de Rucci sigue siendo una deuda pendiente con la sociedad argentina, que considera que la Justicia debe ser igual para todos.