Derechos de los inmigrantes

Distintos estudios coinciden en que la Argentina es el país que concentra la mayor cantidad de inmigrantes de América latina, en su mayoría provenientes de Paraguay, Bolivia, Perú y Chile. Naciones Unidas había valorado hace tres años que el 4,6 por ciento de la población argentina es extranjera; es decir, alrededor de dos millones de personas.La provincia de Córdoba no es ajena a esta corriente migratoria, como receptora de ciudadanos provenientes ya no sólo de países vecinos sino también europeos, centroamericanos y del oeste africano que llegaron a formar sus propias comunidades en pos del progreso individual y colectivo, lejos de su tierra natal.Sin embargo, los sueños de miles de migrantes que escapan de la pobreza y de la conflictividad social que azota a sus respectivos países muchas veces no pueden ser realizados por las dificultades que encuentran para acceder a un trabajo digno o a servicios imprescindibles, como la salud y la educación; cuando no, por los repudiables actos xenófobos o de explotación laboral de los que suelen ser víctimas.Se trata de una violación de los derechos y de las leyes en materia de política migratoria, que a veces se traduce en el sometimiento a la servidumbre de ciudadanos extranjeros –y que han llegado a los estrados judiciales–, con mayor preeminencia en tareas domésticas y de la construcción.Ahora bien: una encuesta que publicamos el pasado martes revela que sólo el 50 por ciento de los inmigrantes que viven en Córdoba conoce sus derechos. El cuadro es más inquietante si se considera que no sólo esos ciudadanos y los líderes de las colectividades desconocen las leyes, sino que la falta de información al respecto alcanza a funcionarios, representantes consulares y medios de comunicación.Los datos se desprenden de una investigación multidisciplinaria coordinada por la Universidad Católica de Córdoba en conjunto con la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba y con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones.La ecuación es dramática: desconocer los derechos constitucionales que protegen a los inmigrantes alienta la explotación y los malos tratos, propicia el sometimiento a la esclavitud y a la servidumbre, y habilita redadas de manera arbitraria por parte de la Policía, entre otros padecimientos relatados por algunos inmigrantes para la elaboración del estudio.Las autoridades provinciales y municipales deberán asumir el carácter multicultural que se ha forjado con el arribo de extranjeros a Córdoba. Y la sociedad, repudiar las declaraciones destempladas que se escucharon en los últimos tiempos acerca de las corrientes migratorias que pueblan el país.