Del arte de legislar en vacío

Si algo identifica a nuestros gobiernos, sean civiles o militares, liberales o hegemónicos, es su pasión por las fórmulas mágicas. Colocados frente a un problema determinado, emiten una ley y, con ella, dan por terminada la cuestión. Los problemas pasan, así, de generación en generación, agravados, naturalmente, por el crecimiento demográfico y por el manejo arbitrario y casi siempre irracional de los presupuestos.

A veces, ni siquiera es necesario incrementarlos: basta con desempolvar las viejas fórmulas mágicas y lo demás se dará por añadidura. Es decir, agravamiento de los problemas.

Es que las fórmulas mágicas no son enunciadas para solucionar nada. Un claro testimonio está en el campo educacional, en el que desde hace años se atribuye al ciclo lectivo de 180 días la presunta virtud de terminar de una vez por todas con la variedad de calamidades que perturban la enseñanza, desde los endémicos conflictos docentes, que han transformado en ritual el vaciamiento de las aulas a partir del primer día del período lectivo, hasta el deterioro edilicio.

En el caso de Córdoba, las escuelas construidas en los últimos años revirtieron en parte el déficit en infraestructura, aunque todavía son muchas las escuelas con paredes agrietadas, ventanas sin vidrios, carentes de calefacción en invierno y de refrigeración en verano o con falencias sanitarias, para no hablar de la deficiente provisión de material educativo.

Nada de eso importa. Bastará con alcanzar la ansiada meta de los 180 días, sin importar si en esas jornadas se cubren las horas de clases e importan menos aún las crónicas inasistencias del magisterio, que obligan a montar verdaderas cajas chinas repletas de carpetas médicas, pues un docente enfermo suele ser reemplazado por otro que no tarda en contraer alguna dolencia y, a su vez, debe ser sustituido por un tercero. Y así es explicable que se registren hasta cuatro reemplazantes por docente ausente.

En estos días se han conocido los previsibles resultados de otra fórmula mágica. En 2005, el Congreso Nacional sancionó la ley que establecía la doble escolaridad y preveía llegar al año actual con el 30 por ciento de los alumnos primarios cumpliendo jornada completa. Pues bien, los últimos datos del Ministerio de Educación de la Nación, que obviamente no pasaron por el tamiz del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), revelan que sólo se alcanzó en cinco años la quinta parte de esa meta, pues existen en el país apenas 2.183 escuelas primarias estatales que ofrecen jornada extendida; el panorama en los institutos privados es aun más deprimente.

Las primarias de doble escolaridad de todo el sistema educativo contienen menos de seis por ciento de los alumnos, una cifra que está muy lejos del 30 por ciento que fijó, con generosidad de objetivos, el Congreso Nacional cuando votó la Ley de Financiamiento Educativo.