De pirotecnia y fuegos artificiales
Pasaron las dos fiestas más tradicionales en nuestra sociedad y nuevamente el debate sobre los perjuicios que ocasiona la pirotecnia se diluyó sin que se tomaran medidas de fondo.
No por antiguo el debate ha sido zanjado: al contrario, permanece como una de esas viejas cuestiones recurrentes, de frecuencia estacional. Viene con diciembre y se va con enero y, entre bombas de estruendo, fuegos de artificio y globos aerostáticos (que están prohibidos, pero se usan igual), la cuestión de la pirotecnia espera otro año para ver si, de una vez por todas, la encaramos con el rigor que merece. Ya no se trata solamente de la legión de animales domésticos aterrorizados que vagan por las calles después de los festejos de Navidad y Año Nuevo. Ni de la salud (con el habitual saldo en mutilados y quemados), ni del peligro de incendios, o el terror que produce en personas vulnerables. Lo que subyace tiene que ver con la calidad de vida a la que aspiramos y la poca que conseguimos. Reconocer, de una vez por todas, que lo mismo que afecta a los pequeños animales no nos deja incólumes a los humanos.Honor al mérito, algunos municipios han avanzado sobre la cuestión y concejos deliberantes de varias localidades se han pronunciado ya prohibiendo la comercialización de pirotecnia, autorizándose sólo el uso de fuegos de artificio por parte de empresas registradas. Pero es sólo un comienzo que muestra, como contracara, la escasa atención que diversas gestiones de gobierno le conceden al problema. Como es habitual, lo que prima en estos casos suele ser el interés particular. Pero la pregunta que se impone es simple: ¿cuál puede ser el volumen real de los perjuicios ocasionados a quienes viven de la producción de pirotecnia? Resulta arduo aceptar que las ventas de cohetes y bombas de estruendo salven en pocos días la actividad económica anual, a menos que estemos frente a un negocio cuyas proporciones desconocemos. En el nuevo código de convivencia que debería en breve analizar el Concejo Deliberante cordobés hay un capítulo referido a este asunto, una de cuyas cláusulas establece una ventana gradual de cinco años para que los fabricantes de estos artefactos puedan reacomodarse, una manera sensata de encarar la cuestión. Pero, como siempre, en el principio de todas las cosas están la conciencia de los ciudadanos y el control de la autoridad competente. Si existen fábricas clandestinas de pirotecnia que luego se comercializa en cualquier zaguán no habilitado como negocio, es porque los municipios y el Renar no aparecen donde corresponde y cuando deben. Y si aún se usan bombas de estruendo en manifestaciones públicas, a veces con saldo de heridos, es porque no se procede al simple expediente de prohibir su producción y comercialización. ¿Acaso alguien podría alegar que vive de eso? Lo que cuenta, de una buena vez, es entender que ya no vivimos en el siglo 19 y no salimos a disparar armas de fuego al aire con cada festejo. Y que ya no se trata sólo de nuestros perros, sino de nosotros mismos.

