Contrastes significativos

Recién en marzo de 2015 –un año y tres meses después de los brutales acontecimientos del 3 y 4 de diciembre de 2013–, el fiscal Raúl Garzón pidió la elevación a juicio para los 58 policías acusados de incitación al delito y desobediencia en Córdoba. Nada inusual si se consideran los habituales tiempos de la Justicia. Pero quizá lo más importante radique en lo que dicha resolución omite.En efecto, lo que en principio lucía como el delito de sedición –una figura que define a toda forma organizada de atentado contra el orden establecido– se diluyó en una tipificación menor (incitar al delito no es una de las figuras graves del Código Penal), de la misma manera que la desobediencia se asemeja más a las consecuencias contravencionales de una fiesta de egresados que se desmadró.Y los sucesos del 3 y 4 de diciembre –bien lo saben los cordobeses que los padecieron con pérdidas millonarias y un estado de indefensión pocas veces visto– no fueron en absoluto la consecuencia del accionar de unos cuantos adolescentes exaltados.Contrasta esto con lo resuelto esta semana por la Justicia entrerriana, que condenó por los graves episodios análogos a efectivos de esa provincia y calificó como sedición a lo que lucía como tal. La levedad de los cargos sustentados en Córdoba traerá, sin dudas, dos consecuencias inmediatas: castigos mínimos para hechos gravísimos y el olvido de las causas profundas que condujeron a tal estado de cosas.Olvidar, en este caso, significa dejar las puertas abiertas para la repetición y no subsanar los males de origen implícitos en la crisis policial.Tal como lo consignamos en estas páginas, lo ocurrido dos años atrás estuvo muy lejos del mero reclamo económico, legítimamente fundado en el agudo retraso salarial. En la trastienda del reclamo, su oportunidad y los medios escogidos resaltan un motivo central: el descontrol de una fuerza a la que hace tiempo el poder político renunció a controlar y que está agobiada por repetidos casos de corrupción. Los casos resonantes de áreas como Drogas Peligrosas o Sustracción de Automotores, sin olvidar los poco claros manejos del presupuesto y sus deficiencias administrativas, son ejemplos contundentes referidos al verdadero trasfondo de la cuestión y nada parece indicar que el procesamiento de los 58 inculpados vaya a aportar demasiado al necesario esclarecimiento ni al saneamiento de una fuerza a la que buena parte de la sociedad mira con desconfianza.El poder político no debería desentenderse de estos asuntos. La sociedad no puede asumir como normal que a sus espaldas se pacten estatus de los que dependen su seguridad, su vida y sus bienes. Queda sobreentendido que los ciudadanos esperan un poco más de quienes deben cuidarlos, gobernarlos e impartir justicia.