Con el código de las mafias

El incendio de ocho colectivos de la empresa Autobuses Santa Fe, en su playón de punta de línea en barrio General Mosconi, de la ciudad de Córdoba, podría haber sido un aten­tado. La simple sospecha que recubre el lamentable hecho recuerda un siniestro similar, ocurrido el año pasado en el mismo predio, en medio del conflicto por la privatización de la empresa municipal Tamse. En esta oportunidad, se detectó que el alambre perimetral fue cortado en una zona aledaña al colectivo que primero se incendió. Además, según el apoderado de la empresa, las llamas comenzaron cuando el guardia a cargo de la seguridad del lugar se encontraba en el punto más alejado posible del sitio donde ardió la primera unidad.Carlos Matheu, el fiscal interviniente, ordenó pericias y citó a declarar a numerosas personas que fueron testigos de los hechos. La sociedad en su conjunto necesita que su investigación sea realizada con eficiencia y rapidez para que, en el menor tiempo posible, se establezca si se trató de un sabotaje y, en ese caso, sus respon­sables sean procesados como corresponde.Es imprescindible que, de una vez por todas, el Estado sancione a quienes hayan atentado de este modo contra los bienes destinados a un servicio público que tanto les cuesta a los cordobeses, en todo sentido. Porque en los incendios del año pasado se demostró que fueron intencionales y hubo dos detenidos, pero no fueron juzgados.Las ocho unidades afectadas por este nuevo incendio eran colectivos modelo 2012 y 2013, y el costo de la pérdida roza los 10 millones de pesos. Ahora bien, la rápida reacción del personal de la empresa que se encontraba en el playón permitió poner a salvo a otros 50 coches, que de otro modo también se hubiesen incendiado.En ese caso, las pérdidas habrían superado los 70 millones de pesos, y Autobuses Santa Fe vería gravemente mermada la flota con la que tiene que ofrecer a diario el servicio de los corredores que le fueron asignados.Una semana antes del nuevo incendio, esta empresa había despedido a un empleado. Entonces, la desmedida reacción gremial fue un paro que abarcó a todas las empresas.Ahora, el gremio no ha realizado declaraciones ni siquiera para condenar el hecho. ¿Hay algún tipo de relación entre ambos acontecimientos? ¿Es este incendio una acción extorsiva que apunta, con el código propio de las mafias, a doblegar a la empresa por haber tomado la decisión de ratificar el despido que, en principio, tuvo que reconsiderar por imperio de una conciliación obligatoria? ¿Existe alguna relación entre sus autores, intelectuales y materiales, con el gremio o algún otro actor social?Es imperioso, insistimos, que el Estado encuentre las respuestas a estas preguntas en el menor tiempo posible.