Compromiso con la ley

Una nueva fuga agrava las sospechas sobre el funcionamiento del Complejo Esperanza, que aloja a los menores de edad en conflicto con la ley penal en la provincia de Córdoba. En esta ocasión, se fugaron seis jóvenes: dos acusados de homicidio; cuatro, por violentos robos calificados. En octubre pasado, fueron siete: cinco con causas por homicidios, uno por violación, otro por robo calificado. El Complejo Esperanza depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que en la gestión de Juan Schiaretti está bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hace casi dos años, una resolución judicial obligó al Estado provincial a mejorar las condiciones de los jóvenes allí alojados.Por más que hayan cometido graves delitos, son menores de edad; y por ello mismo, deben extremarse los cuidados que el Estado les dispense, así como las acciones tendientes a buscar su reinserción en la sociedad.Si la denuncia formulada por legisladores opositores sobre el deficiente funcionamiento del centro ya implicaba un fuerte llamado de atención, la repetición de fugas no hace más que agravar el cuadro de situación.Tanto en octubre como ahora, las autoridades pusieron en situación pasiva a los guardias que estaban de turno. Si uno se remonta más en el tiempo, se encuentra con la misma resolución.No es una mera reacción administrativa, lo cual da pie a una terrible conjetura: las fugas estarían arregladas con algunos integrantes del doble equipo encargado de la seguridad, es decir, los empleados internos o los guardiacárceles del Servicio Penitenciario. En consonancia con ello, se habla de apoyo logístico y de cómplices que aguardan a los fugados en las inmediaciones para asistirlos en la huida.No culmina allí el inventario de irregularidades: tras esta nueva fuga, se encontraron los teléfonos celulares que usaban los prófugos no sólo para coordinar su salida con sus cómplices, sino también para extorsionar a la madre de otro interno. Como si fuera poco, ya son varias las voces que mencionan un importante tráfico de drogas al interior del Complejo Esperanza.La conclusión es inequívoca: ese no es el centro de alojamiento de menores en conflicto con la ley que Córdoba necesita. El Estado tiene que hacer el máximo esfuerzo para, en el menor tiempo posible, investigar a fondo la institución, fijar un diagnóstico y establecer un plan de acción para revertir el cuadro.Los malos tratos o las anómalas condiciones de reclusión son tan inadmisibles como la falta de control o la complicidad de los empleados y de los guardias. Como es lógico, no puede ser un sitio donde se viole la ley a diario y de múltiples maneras.