Claroscuros en la ayuda social
El anuncio presidencial sobre la sanción por ley de los aumentos en las asignaciones por hijo, embarazo y familiares no despeja las dudas sobre la metodología de estos beneficios.
La presidenta Cristina Fernández anunció el envío al Congreso Nacional del proyecto de ley para instrumentar por esa vía aumentos bianuales en la asignación universal por hijo (AUH), la asignación por embarazo para protección social y para las familias. De tal modo, los 7.750.059 mandamientos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) abona todos los meses por estos conceptos tendrán dos incrementos en el año –en marzo y septiembre–, de acuerdo con el índice de movilidad previsional, que forma parte de la norma que rige las jubilaciones y pensiones nacionales. La medida beneficiará este mes a 3.642.302 niños, 69.085 embarazadas y 2.063.356 familias, según la información oficial.Si bien la jefa del Estado aclaró que la AUH tenía el estatus de ley, porque el decreto de necesidad y urgencia que la creó ya había sido aprobado por el Congreso, admitió que la iniciativa respondía a un pedido de la oposición política.En realidad, sorprende que en plena campaña electoral –y luego de más de siete años de vigencia de la norma–, recién ahora la Presidenta envíe el proyecto a debate de ambas cámaras.Además, Cristina Fernández volvió a omitir un reconocimiento explícito a los dirigentes Elisa Carrió y Alfonso Prat-Gay, quienes fueron los autores de la iniciativa legislativa de la AUH. En ese momento, el Poder Ejecutivo se apropió del proyecto y lo sancionó a través de un decreto de necesidad y urgencia.Los especialistas en asistencia social advierten que la metodología de control del beneficio ofrece numerosos puntos vulnerables. Los beneficiarios perciben todos los meses el 80 por ciento de la asignación, en tanto el 20 por ciento restante se paga una vez al año, al momento de la presentación de la Libreta Nacional de Salud y de las de educación y seguridad social.Sin embargo, estas certificaciones se realizan de forma muy laxa, con lo cual se carece de un diagnóstico certero sobre la situación de millones de niños y jóvenes. En no pocos casos, además, se denunció que esos comprobantes son obtenidos por los responsables familiares bajo extorsión a las autoridades sanitarias y educativas, sin otra verificación por parte del Estado.Tres acciones vertebrales en la ayuda social del Gobierno para con los más necesitados se enfrentan, entonces, a la disyuntiva de un objetivo incuestionable, pero que en su instrumentación ofrece numerosos claroscuros que la iniciativa presidencial no soluciona.Los planes de ayuda social puestos en marcha por el Gobierno desdicen la prédica permanente sobre el bienestar que se habría logrado en la última década por parte de la administración kirchnerista, al tiempo que revelan la necesidad de millones de argentinos de contar con una ayuda para garantizarse la subsistencia.
