Castigo para los saqueadores

La ola de saqueos y destrucción que derivó de la asonada policial del 3 y 4 de diciembre pasado en la ciudad de Córdoba tiene a la Justicia como ámbito de investigación, para lo cual, dada la magnitud de los hechos, hay un trabajo especial de los fiscales.

Son los magistrados los que deben evaluar, y eventualmente sancionar, las acciones perpetradas por malvivientes, incluidos vecinos sin antecedentes penales que no midieron las consecuencias y participaron también en los actos de pillaje.

Durante una entrevista concedida a este diario y publicada el pasado domingo, el fiscal Raúl Garzón, a cargo de las investigaciones, fue categórico al pronosticar severas sanciones judiciales a los saqueadores; la reunión de pruebas complica a los más de 200 imputados en este expediente, de los cuales unos 50 continúan detenidos.

Garzón incorporó en la causa la figura del “robo calamitoso”, que agrava la pena en función de que la acción delictiva se cometió en un estado de mayor vulnerabilidad de las víctimas, debido al abandono de sus funciones por parte de los policías sublevados.

Es razonable el diagnóstico del fiscal en virtud de que la locura ciudadana se desató en el marco de un escenario de desastre, con las víctimas sumidas en un estado de inferioridad de condiciones a la hora de ejercer la defensa propia y la de sus bienes.

Además, fueron miles las personas que se abalanzaron al robo sin medida durante aquellas jornadas de desgracia. Aun así, los que están identificados hasta ahora deberían recibir una respuesta punitiva enérgica en la medida en que al final de la investigación se pruebe fehacientemente su participación en la revuelta.

“Las personas que han intervenido (en los saqueos) han demostrado un desprecio total por las normas básicas de convivencia y lo han hecho en momentos en que no estaba la autoridad policial”, razonó el fiscal.

¿Es posible que a un mes y 10 días de los episodios no haya todavía ningún policía imputado, más allá de los retoques que el gobernador José Manuel de la Sota se vio forzado a efectuar en la cúpula de la fuerza de seguridad? Por ahora se insiste sólo en que hay efectivos en “la mira”, pese a que la huelga de estos agentes públicos fue el detonante del desbande de malhechores que robaron y destruyeron todo a su paso.

Los riesgos latentes de algún resabio de impunidad no deben focalizarse sólo en los autores directos de los saqueos, sino también sobre aquellos policías que activaron una protesta salvaje que dejó a la población indefensa y sometida a la violencia.

Es un dato alentador que la Justicia actúe y es de esperar que el peso de la ley caiga sobre todos los que contribuyeron a que la ciudadanía viviera largas horas de calamidad.