Buscar la estrategia adecuada

El Gobierno nacional está próximo a cerrar el default de la deuda pública más grande y prolongado de la historia financiera mundial. El conflicto permanece irresuelto para casi el siete por ciento de los acreedores, a los que la Argentina no les paga sus obligaciones desde fines de 2001. El grueso de esas tenencias fue adquirido por inversores identificados como "fondos buitre", pues compraron esos papeles a un tercio de su valor nominal y hoy cobrarían el 150 por ciento de ese título. Entre los tenedores, también hay particulares que rechazaron los canjes.La rebeldía de la administración kirchnerista para hallar una vía que hubiera permitido zanjar los fallos judiciales adversos le costará ahora al país unos 15 mil millones de dólares. Ese monto surge de las sentencias, los intereses por mora y otros resarcimientos, según admitió el ministro de Finanzas de la Nación, Alfonso Prat Gay.Aunque el acuerdo es costoso para la actual gestión y los futuros gobiernos, supone cerrar un largo capítulo que deja numerosas enseñanzas políticas y financieras.La gestión de Mauricio Macri presenta el acuerdo –que será rubricado una vez que el Congreso Nacional derogue la llamada "ley cerrojo"– como una oportunidad para atraer inversiones y para acceder al crédito internacional.Las futuras inversiones extranjeras estarán sujetas a las condiciones jurídicas y de rentabilidad que ofrezca la Argentina, en un contexto en el que las grandes compañías tratan de maximizar las ganancias de su producción y servicios.El Gobierno nacional necesita del crédito externo para evitar la alta emisión, que en los últimos años creció entre 30 y 40 por ciento en relación con el período anterior. Esa cantidad de dinero generó una inflación descontrolada.El futuro endeudamiento debe ir acompañado de un plan racional de uso de los fondos públicos para evitar el sobredimensionamiento del Estado, los subsidios a empresas en vez de a usuarios y el despilfarro general.La actitud de austeridad y uso responsable de los dineros públicos es también una asignatura pendiente de las provincias, varias de las cuales se aprestan a tomar deuda por unos cuatro mil millones de dólares, según anuncios oficiales.El endeudamiento incluirá a Buenos Aires, Mendoza, Salta, Entre Ríos y Neuquén. Córdoba colocará mil millones de dólares para lograr tasas más bajas, cancelar deuda que vence en 2017 y financiar obra pública.El camino del sobrendeudamiento para gastos corrientes e ineficientes de la administración pública es una vía tentadora, pero perjudicial, como quedó demostrado en la década de 1990.El fin del default debería ir acompañado de seriedad a la hora de tomar nuevas obligaciones, para evitar costos onerosos. La experiencia reciente debe ser una lección aprendida.