Basta de indefensión
La explosión de una industria química en el barrio Alta Córdoba volvió a poner de manifiesto que la laxitud de los controles y la permisividad estatal implican riesgos para los ciudadanos.
Una dolorosa conjunción de impotencia, indefensión, abandono y angustia envolvió a los vecinos del sector del barrio Alta Córdoba, en la capital provincial, que fue sacudido por la explosión que se produjo en el depósito de una industria química. En realidad, el estrépito golpeó a toda la ciudad, pero fue en esa zona “roja” donde los pobladores quedaron expuestos a las consecuencias más desgraciadas.
Las explicaciones técnicas y políticas (las que se han dado de forma preliminar y las que vendrán luego de las pericias) no alcanzarán, sin embargo, para entender cómo una planta que maneja elementos químicos de altísima sensibilidad y peligrosidad pudo estar asentada en el medio de una manzana de una de las barriadas más densamente poblada de Córdoba.
No se puede vivir a expensas del miedo por la reiteración de este tipo de episodios. Hace sólo unos tres meses, las crónicas reflejaban la explosión que se registró en cercanías de las usinas termoeléctricas Arturo Zanichelli y Bicentenario, ubicadas en la periferia de la ciudad de Pilar, 30 kilómetros al este de la ciudad capital.
De igual forma, es inadmisible que en el mismo barrio funcione desde hace décadas la planta Dioxitek, una empresa dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea), que produce dióxido de uranio para destinarlo a las industrias atómicas del país. Un centro de producción y acumulación de toneladas de basura tóxica instalado sobre las mismas narices de miles de habitantes. Recién ayer, luego de varios anuncios y postergaciones, la Municipalidad prometió concretar la clausura.
Es oportuno subrayar que no habrá ordenamiento legal que dé los resultados previstos para este tipo de factorías si no es acompañado de controles rigurosos y permanentes de parte de los organismos competentes, tanto de la órbita nacional como provincial y municipal.
De hecho, las inspecciones deben ser encaradas por personal capacitado, y tendrán que derivar en inhabilitaciones y sanciones a los responsables de gestionar aquellas empresas que funcionen violando la reglamentación en materia de seguridad. Resultarán estériles los cruces de responsabilidades entre las autoridades, cuando lo que está en riesgo es la salud y la seguridad de las personas. La protección colectiva debe primar sobre las eternas burocracias que dilatan lo que es perentorio, como poner coto a la proliferación urbana de estas compañías químicas.
También cabe a la población el deber de denunciar las actividades que no se ajustan a estrictos parámetros de funcionamiento. El peligro de la permisividad está a la vista, de modo que es exigible una tolerancia cero en estos casos.
La desidia y los controles laxos deben dar paso de una buena vez a las acciones concretas y perentorias. No hay que esperar otro estallido para tomar cartas en el asunto.
