Apoyar el censo

Por muchas razones, la población debe prestar su decidido apoyo al Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, que se realizará mañana, ya que de su resultado podrán surgir políticas económicas, sociales, fiscales y demográficas que tiendan a una mejor redistribución de los recursos entre regiones, provincias y municipios. Asimismo, las cifras pueden orientar un mejoramiento de la situación de los sectores más necesitados, al aplicarse políticas que respondan a las necesidades relevadas. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) carga con un pecado de origen: el de haber falseado en estos últimos años los datos sobre los precios de la economía, los que, a su vez, tornan increíbles los datos sobre pobreza e indigencia y sobre crecimiento económico, entre otras distorsiones. También es cierto que el cuestionario elaborado no es lo exhaustivo que se hubiera deseado sobre los ámbitos de educación, empleo e ingresos.Pero la obligación de cumplir con esta directiva internacional –todo país debe realizar un censo nacional al menos una vez cada 10 años– es una oportunidad imperdible para conocer el verdadero estado de la nación en cuanto a población, vivienda, educación y salud.Más allá de las dudas, hay motivos para creer que la actitud del Indec será esta vez distinta, porque se trata precisamente de un censo, hecho casa por casa a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional y con base en un cuestionario previo. No se trata, entonces, de índices elaborados por técnicos encerrados en una dependencia estatal, sino hechos por censistas contratados y preparados para que la recolección de datos sea completa y fidedigna. El problema se puede llegar a plantear después, al analizar e interpretar la información recibida, por lo que conviene que tanto legisladores nacionales como consultoras y empresas privadas tengan la posibilidad de acceder de algún modo a los centros de elaboración de datos y, sobre todo, supervisar la forma en que se elaboran los índices.Los censos son de fundamental importancia para un país federal como el nuestro, ya que a partir de los datos obtenidos se puede definir una política de distribución de recursos equitativa y equilibrada entre las distintas jurisdicciones del Estado. Lo que sucede es que, hasta que se sancione una nueva ley de coparticipación federal, seguirá vigente el actual régimen, que establece coeficientes de distribución fijados en acuerdos previos entre la Nación y las provincias. Pero si en algún momento se debate y sanciona una nueva ley de coparticipación, como lo establece la Constitución de 1994 y lo reclama la mayoría de las provincias, los datos del censo serán plenamente necesarios en categorías como las necesidades básicas insatisfechas y los grados de desarrollo en materia de educación y salud, así como de concentración poblacional.