Un ajuste que no hace la Nación

Desde la crisis de 2001-2002, se acentuó la pérdida de participación de las provincias en el reparto de los impuestos nacionales. Esto se relaciona, básicamente, con los ingresos que se recaudan por los derechos de exportación, cuya distribución queda sujeta a la arbitrariedad de las autoridades nacionales. Lo que parece un problema distante de las finanzas públicas en realidad no es ajeno a la vida cotidiana de millones de argentinos que no son beneficiados por las partidas que se manejan en forma discrecional desde el Ejecutivo Nacional.Sin esos recursos, las provincias están obligadas a prestar de modo deficiente los servicios mínimos, que están relacionados con la seguridad, la educación, la salud y la justicia.Como tales servicios incluyen, por lo general, una mínima oferta, las provincias se ven impelidas, a su vez, a efectuar mayores gastos para hacer eficientes prestaciones propias del Estado nacional. Así la administración central se reserva los recursos, pero los servicios están a cargo en su mayor parte de instituciones y empleados provinciales.Hasta septiembre último, los fondos remitidos por la Nación crecían al 21,1 por ciento en forma interanual, contra 27,3 por ciento registrado en 2011. Las acreditaciones automáticas (coparticipación y leyes especiales) lo hacían a un ritmo de 24,2 por ciento, mientras que los giros discrecionales aumentaron sólo 1,7 para el caso de gastos corrientes y 12,2 por ciento para los de capital (obras públicas).La reacción de las provincias fue aumentar alícuotas y ampliar la base imponible. Así, los recursos propios de esas jurisdicciones se incrementan este año al 28,5 por ciento interanual, señala un reciente trabajo del Ieral de Fundación Mediterránea.Las distorsiones provocadas por el reparto de recursos fueron relevadas en un trabajo del Instituto de Análisis de la Realidad Fiscal (Iaraf), que conduce el economista Nadin Argañaraz. De allí surge que cada 100 pesos que se recaudan por el Impuesto a las Ganancias, los recursos se distribuyen de la siguiente forma: 31,20 van al Estado nacional; 29,60 a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y los restantes 39,20 pesos quedan para las 24 jurisdicciones que componen el territorio nacional. La distorsión no termina ahí, pues la Anses financia luego proyectos que se localizan sólo en determinadas regiones o bien le presta buena parte de sus fondos a la provincia de Buenos Aires para hacer frente a sus gastos corrientes.El prematuro tiempo electoral activado por autoridades de distinto orden impedirá sancionar una nueva ley de coparticipación como lo estableció como obligación la Constitución de 1994. Sin ese instrumento, se seguirá atentando contra las posibilidades de un desarrollo homogéneo.Las distorsiones impositivas atentan contra la competitividad, que no es otra cosa que la posibilidad de producir más y generar más empleo, evitando así el ajuste.