Advertencias que preocupan

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la ley de medios despeja incertidumbres luego de un largo proceso iniciado tras la sanción de la norma, a fines de 2009. Pero el texto de la sentencia abre otros interrogantes tanto o más preocupantes que los que estaban en debate.

Seis de los siete miembros del alto tribunal declararon la constitucionalidad general de la ley, aunque dos de ellos (Carmen Argibay y el cordobés Juan Carlos Maqueda) expresaron disidencias sobre la protección de los derechos de propiedad de los licenciatarios de medios.

Maqueda fue más allá y dijo que “se encuentra en juego el derecho a la libertad de expresión de la actora a continuar con su proyecto comunicacional y el de la sociedad a recibirlo”. Y advirtió: “En una sociedad democrática, el valor de una información no expresada no puede ser mensurado en términos económicos”.

Para el juez Carlos Fayt, en tanto, todos los artículos en cuestión son inconstitucionales. Y esta postura debe ser valorada, porque implica independencia de criterio y respeto por la tradición jurídica de no avanzar en regulaciones sobre la generación de contenidos y sobre medios que no utilizan espectro radioeléctrico, como es la TV por cable, para no generar un precedente que permita luego extender esos controles a Internet y la prensa escrita.

Sin embargo, las advertencias más preocupantes surgen del pleno de la Corte. En lo que puede entenderse como un guiño a quien se sienta perjudicado por la eventual aplicación abusiva de la norma por parte del Estado, o bien como un mensaje al Poder Ejecutivo para que evite acciones que reabran el debate judicial, los siete ministros plantearon los criterios que deberían regir la puesta en práctica de la ley.

En un capítulo especial del fallo, se dice que la norma perdería sentido sin políticas transparentes en materia de publicidad oficial; que el Estado afecta la libertad de expresión si mediante subsidios, discriminación en la asignación de avisos u otros beneficios convierte a los medios privados en meros instrumentos de apoyo al gobierno de turno en un modo de eliminar el disenso; que los medios públicos no deben ser espacios al servicio de los intereses gubernamentales y que la autoridad de aplicación de la norma debe ser un órgano técnico e independiente, que no discrimine a los disidentes, que ajuste sus de­cisiones al debido proceso y que garantice el acceso a la información.

Es absurdo pensar que la Corte desconoce que todo lo que se quiere evitar ocurre desde hace tiempo en la Argentina. Porque el mismo Poder Ejecutivo incumple desde hace años fallos del tribunal que buscan evitar la discriminación en la pauta publicitaria. Y los miembros del alto tribunal han padecido el escarnio del llamado periodismo militante aupado por el oficialismo.

Si no hay ingenuidad, entonces, es evidente que estamos ante una advertencia grave del Poder Judicial al Ejecutivo. Y cabe preguntarnos: ¿sirve para algo esta advertencia ante un gobierno que arrasa con las instituciones y con la propia Justicia? ¿O es apenas un llanto más sobre la leche derramada?

La Justicia, la dirigencia política y la ciudadanía deben mantenerse alertas para evitar que se utilice un fallo judicial como nueva herramienta de venganza política y para silenciar a voces disidentes.