Disputa política. Comunicado y tensión: la AFA salió al cruce de la Justicia
En medio de la causa por aportes retenidos y el paro total, la conducción del fútbol argentino denunció una ofensiva política y defendió su autonomía.
El conflicto institucional que atraviesa al fútbol argentino sumó este jueves un nuevo capítulo con el duro comunicado difundido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el que la conducción encabezada por Claudio Tapia rechazó la veeduría dispuesta por la Inspección General de Justicia (IGJ) y la calificó como una “operación política” destinada a debilitar a la entidad madre del fútbol nacional.
El pronunciamiento llegó en medio de una escalada que ya tuvo su impacto deportivo: el paro total convocado por los clubes de Primera División y el ascenso entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, que dejó sin actividad a todas las categorías y obligó a suspender la novena fecha del Torneo Apertura y partidos de categorías menores.
La medida de fuerza —inédita en la historia reciente del fútbol argentino— se gestó luego de que la Justicia citara a indagatoria a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, a partir de un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) en la causa que investiga la presunta retención indebida de aportes por más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025.
En ese contexto, la AFA decidió fijar posición pública y cuestionar con dureza el accionar de los organismos de control.
Para la AFA es un "capricho"
El texto difundido por la entidad sostiene que la veeduría de la IGJ se funda en “hechos falsos o tergiversados” y presenta una contradicción central: por un lado, el organismo asegura que la medida “no implica sanción ni interferencia”, pero al mismo tiempo la justifica en supuestas “graves irregularidades”. Para la AFA, esa dualidad revela un uso político de la herramienta administrativa. “Si no hay sanción, no hay gravedad. Si no hay gravedad, la veeduría es un capricho”, señala el documento.
#Institucional Comunicado oficial
— AFA (@afa) February 26, 2026
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La conducción del fútbol argentino también rechazó las acusaciones sobre balances no presentados y defendió la legalidad del cambio de domicilio institucional a la provincia de Buenos Aires, aprobado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Según la AFA, la IGJ pretende desconocer un acto administrativo vigente y generar un conflicto de jurisdicción que, sostiene, sólo puede resolver la Corte Suprema.
Las SAD, al medio de todo
En otro tramo, el comunicado introduce un elemento abiertamente político: vincula la medida con la disputa sobre el modelo de gestión del deporte argentino y la promoción de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
La AFA se define como “principal defensora del modelo de clubes sociales” y afirma que la veeduría busca debilitar su autonomía institucional. Incluso cita el antecedente del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, vinculado a Patricia Bullrich, cuya intervención fue anulada judicialmente, para sostener que la metodología de la IGJ ya fue declarada nula.
El cierre del comunicado refuerza el tono político y simbólico: “El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales”. La frase sintetiza el clima de confrontación que rodea a la AFA en esta etapa, atravesada por la tensión entre organismos estatales, jurisdicciones administrativas y modelos de gestión del deporte.
En ese escenario, el campeonato queda en segundo plano y los clubes —incluidos los cordobeses— esperan certezas sobre el calendario. La pelota volverá a rodar, pero el conflicto que la detuvo promete seguir jugando su propio partido fuera de la cancha.
