El absolutismo no es republicano

Mientras la ciudad de Córdoba se tapa de basura, y hay jueces que ordenan allanar las oficinas de Cablevisión en Buenos Aires con tropas de la Gendarmería, el año va languideciendo con una acumulación de problemas irresueltos, ante la desazón y el escepticismo de la ciudadanía. Simultáneamente, se acentúa la tendencia a gobernar por decreto, lo que va en desmedro de la institucionalidad y de las más sanas y elementales prácticas republicanas. El Gobierno Nacional tiene mayoría propia en ambas cámaras del Congreso Nacional, y lo mismo ocurre en la Municipalidad cordobesa en el Concejo Deliberante.Se ha recordado en estos días la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, hace 10 años, y la crisis que la precedió y se continuó por varios meses. Pero De la Rúa estaba en minoría en las dos cámaras del Congreso, y tenía la mayoría de los gobernadores provinciales y los intendentes del conurbano bonaerense en su contra.No sucede lo mismo con el gobierno de Cristina Fernández, que tiene prácticamente la mayoría absoluta en todo el país. Lo que sucede es que no es una mayoría incondicional, ya que cada gobernador y cada intendente defiende los intereses de su distrito, que no siempre están en sintonía con las políticas nacionales.Pero lo cierto es que se esperaba de los nuevos gobernantes, en todos los estamentos y niveles, una actitud más mesurada, más respetuosa de las instituciones, menos atropelladora.Que el Gobierno nacional tenga urgencia en aprobar la ley de presupuesto es comprensible, porque se trata de la "ley de leyes", y de hecho los legisladores de la oposición han facilitado su tratamiento en el Congreso, aunque hayan votado de modo diferente. Pero que el gobierno kirchnerista quiera "ir por todo" y que pretenda la suma del poder público, aunque vulnere claros preceptos constitucionales, resulta inadmisible.No había ningún apuro en tratar la situación de Papel Prensa, que merecía un debate más a fondo. Y lo mismo sucede con otras leyes o decisiones que apuntan claramente a una concentración del poder político y al uso discrecional y arbitrario de ese poder.En la ciudad de Córdoba, hay una situación particular, porque la crisis heredada de la gestión anterior y sus antecesoras es realmente descomunal. Pero se trata de la segunda ciudad del país, de una larga tradición democrática y republicana.Había que tomar el toro por las astas y actuar con mano firme –es cierto– pero también lo es que se pueden y se deben enfrentar las crisis resguardando los principios republicanos.En ese sentido, el Concejo Deliberante debe cumplir con la función que le asigna la Carta Orgánica Municipal, que es la de legislar y controlar los actos de gobierno.