Respeto por la libertad

Ante la implementación de la ley provincial antidroga, los fiscales del nuevo foro de la ciudad de Córdoba, Marcelo Fenoll y Marcelo Sicardi, se comprometieron a no penalizar el consumo personal de estupefacientes.

En una entrevista que concedieron a este diario, afirmaron: “La política de persecución es en relación con la venta. El consumo sigue siendo delito, está previsto en la ley, pero la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) marcó un rumbo en cuanto a que el consumo personal, privado y sin afectar los derechos de terceros queda para la persona consumidora, y el Estado no debe introducirse en ese ámbito”.

Claro que ese es el espíritu general que pretenden imponer al trabajo de la fiscalía, aunque de hecho van a seguir efectuándose imputaciones de consumidores, pues en cada caso se analizarán “antecedentes, circunstancias y cantidad de estupefacientes”.

El avance en la defensa de las libertades individuales es el compromiso de la fiscalía de que el consumidor no será detenido, mientras que en la actualidad puede ser arrestado o no, de acuerdo con qué fiscalía o juzgado federal lo investigue.

Como corresponde a su investidura, los fiscales tendieron un manto de cautela sobre la cuestión y señalaron que el fallo de la Corte Suprema conocido como “causa Arriola” –que declaró la inconstitucionalidad de las detenciones por tenencia para consumo personal– se aplica a casos en los cuales, “por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiera inequívocamente que la tenencia es para uso personal”.

Así, por ejemplo, una cosa es consumir en el ámbito privado y otra en la vía pública. Esta última acción podría derivar en el traslado del consumidor a la Unidad Judicial especializada que funcionará en barrio San Pablo, de la ciudad de Córdoba. Sin embargo, si es imputado, “no necesariamente quedará privado de la libertad en ese momento”.

Más allá de esta voluntad expresa de los fiscales, sigue siendo una incógnita cómo actuará la Policía, que se rige por el cuestionado Código de Faltas de la Provincia y conserva la potestad de detener según sus propios criterios, a menudo arbitrarios e inconstitucionales, como han denunciado las organizaciones que convocan a las llamadas “marchas de la Gorra”.

Resulta difícil emprender un combate contra el narcotráfico –que en principio es el objetivo de la ley provincial antidroga– si no se tiene muy claro cuáles son las libertades individuales que deben respetarse.

La cuestión de fondo, entonces, implica debatir la despenalización de las drogas, porque, como bien se entendió en Uruguay, si alguien consume, necesariamente alguien tiene que venderle. ¿Cómo puede ser lícito un acto que depende de una transacción ilegal?

Ese debate es una cuenta pendiente del Congreso nacional, que ha dejado pasar otro año sin responder esta demanda de una parte de la sociedad argentina que desea ejercer sus libertades individuales.