Menos jueces en la vida de los chicos

En estos días, la Legislatura aprobaría el tan esperado cambio legal que hace falta para que el Poder Ejecutivo y el Judicial se adapten al nuevo modo de ver y tratar a la infancia.

Es lo que los especialistas llaman la doctrina de la protección integral de los derechos de la infancia, que tiene como grandes objetivos reconocer el interés superior del niño y considerar a los chicos como sujetos de derechos.

El proyecto de ley que incluye estos principios y crea un sistema para ponerlos en funcionamiento ya está en la Legislatura y cuenta con el respaldo de Raquel Krawchik, titular de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), organismo que será autoridad de aplicación de la futura ley.

Sólo control. Si la iniciativa prospera, en la práctica, los jueces de Menores en lo Prevencional (es decir, quienes deciden sobre niños que no cometieron delitos) ya no tendrán tanta injerencia en la vida de los pequeños.

Es que uno de los grandes cambios del proyecto es que, en caso de amenaza o violación de derechos de los niños, será la Senaf, y no el juez, la encargada de decidir qué programas y políticas se aplicará a ese niño (ver infográfico).

Es más, no sólo se dispone que la separación de los chicos del seno familiar será excepcional y limitada en el tiempo, sino también que será la Senaf el órgano que dicte la medida. El juez sólo tendrá que controlar la legalidad de la medida.

El proyecto busca evitar la judicialización e institucionalización de los chicos por razones sociales (pobreza, abandono, maltratos). Para eso, establece el fortalecimiento de la familia a través de políticas públicas.

Pero es mucho más abarcativo: impone responsabilidades gubernamentales y familiares; dispone principios, derechos y garantías de los chicos. Y, en especial, crea lo que se llama el Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral en el que participan todos los organismos -estatales y no gubernamentales-, coordina sus acciones y se ocupa de la descentralización de ellos.

Así, se adheriría finalmente a la ley nacional 26.061 de Protección Integral de la Infancia, que ya cumplió cinco años. Córdoba se unió a ella hace tres años a través de una norma que no especificaba los caminos para respetar la nacional.

Histórico. "El proyecto tiene una importancia histórica. Es un nuevo paradigma que significa mirar a los niños y adolescentes como ciudadanos que tienen derechos y garantías. Hoy, esta mirada no existe", manifestó Krawchik.