La Justicia quitó el sistema de fotomultas de un pueblo

Uno de los 18 municipios cordobeses que cobran multas mediante fotos o radares colocados sobre las rutas que los atraviesan fue ayer allanado por orden judicial, al igual que la oficina de la empresa privada que operaba el sistema, en Buenos Aires. Además, los tres aparatos que utilizaba con ese fin quedaron secuestrados.

La comuna investigada es la de Estación General Paz, ubicada 25 kilómetros al norte de la capital provincial, sobre la ruta nacional 9.

Se trata de la primera acción judicial de fondo en torno de los sistemas de fotomultas, tras años de controversias sobre su legalidad.

La causa fue iniciada de oficio -sin mediar denuncia alguna- por el fiscal Carlos Matheu, del Distrito 3 de Córdoba capital. Según señaló ayer, lo hizo en virtud de las publicaciones de La Voz del Interior . "Sobre todo por la definición dada en una de esas notas por la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito de la Provincia, en la que admitía que ninguno de esos sistemas cumplía con la ley", dijo. Matheu confirmó que además de haber allanado la comuna de Estación General Paz y las viviendas de sus autoridades, se realizaron simultáneos procedimientos en busca de documentación en un estudio jurídico y en una empresa, ambos de Capital Federal, ligados al contrato con esa comuna para operar el sistema a cambio de retener el 70 por ciento de las multas cobradas.

Desde el Departamento de Delitos Económicos de la Policía, se confirmó que fueron 11 los allanamientos y que la empresa porteña de la que se retiró documentación se llama Sertran. También fueron allanados el municipio y el juzgado de Faltas de Salsipuedes, porque desde allí se labraban las actas para su comuna vecina.

Fuentes policiales apuntaron un dato llamativo: de las tres cámaras incautadas, una no estaba conectada a la oficina de tránsito municipal y se investiga si no lo estaba directamente a la empresa que explotaba el sistema.

Matheu explicó que la causa se concentra sólo en la comuna de Estación General Paz, por ser la única en su jurisdicción con esos sistemas. Pero admitió como "muy probable" que una vez avanzada la causa la remita a otros fiscales del interior para que cada uno resuelva sobre casos en sus áreas de competencia.

150 mil en dos años. Un dato que habría aparecido en la documentación secuestrada- según trascendió- indicaría que en los últimos dos años esa comuna labró unas 150 mil actas de infracción con este mecanismo. Una cifra mucho menor habría sido la efectivamente cobrada, puesto que la mayoría de los notificados no paga.

La causa judicial está en su etapa inicial y no tiene imputados. Desde la Fiscalía, se admitió que entre los delitos que se sospechan aparecerían en principio los de falsedad ideológica y exacciones ilegales.

Matheu señaló que, de acuerdo a lo que avanzó en la investigación, aparecería la evidencia de que los sistemas son ilegales porque no respetan la ley provincial de tránsito y sus reglamentaciones.

Como interpreta la Provincia, planteó que la ilegalidad mayor sería que las multas no se entregan en mano al infractor al momento del hecho. Y sostuvo- contra el criterio que sostienen los municipios- que sobre las rutas que atraviesan zonas urbanas "sin perder continuidad" se deben respetar las leyes de tránsito provinciales.