Industria del juicio también pega a la salud

La Justicia golpea de lleno a la salud privada. La explosión del amparo judicial como mecanismo para conseguir prestaciones cada vez más complejas carcome de a poco la rentabilidad de la medicina prepaga. Pero esto es sólo el emergente de un problema más complejo que pone en riesgo el futuro del sector: la falta de normas que regulen y den estabilidad al sistema de salud privada. Así lo explicaron los directivos de las principales compañías de medicina prepaga presentes en Córdoba, reunidos por el Círculo de Anunciantes de La Voz del Interior en el Windsor Hotel.Julio Castillo, subgerente comercial de Osde; Miguel Fiani, líder corporativo Región Centro; Pablo Paltrinieri, director comercial de Cobertura de Salud de Hospital Privado; Rafael Behar, gerente general de Sipssa; Liliana Martínez, gerente general de Nobis; Carlos Vidal Suárez, gerente de Prestaciones de MET Medicina Privada; Carlos Martínez Soto, vicepresidente de Parque Salud; Mauricio Pompei, gerente general de GEA; Ignacio Escuti, director de Preme y Eduardo Zuttión, director de la División Centro de Omint, resaltaron la necesidad de establecer un marco legal que defina a la salud privada como un contrato "entre partes"."La salud privada crece siguiendo al resto de la economía. El problema es que las decisiones políticas y judiciales impactan en los números del sector. Se ha generado una 'cuasi industria' del amparo judicial que genera muchos contrasentidos", señala Pompei.Según estimaciones del sector, en el último año casi se duplicó la cantidad de amparos por los cuales los afiliados exigen prestaciones que no están incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO).Así se han generado casos extremos, como exigir delfinio terapia en Cuba para atender casos de discapacidad, según advierte Liliana Martínez.Lo mismo sucede con las decisiones que toma la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación de incluir nuevas prestaciones cuya eficiencia no está suficientemente probada. "Este es el caso de fijar como obligatorias las cirugías por obesidad; el porcentaje de éxito alcanza al 40 por ciento de los casos, sin embargo hay que cubrir el ciento por ciento de los pedidos", indica Vidal Suárez.Para las prepagas, el surgimiento de una "industria del juicio" similar al generado en el mundo laboral está alimentado por el desconocimiento de los problemas de la salud por parte de los magistrados. "El juez recibe el pedido para un tratamiento y no sabe de qué se trata; ante la duda, obliga a la prepaga a financiarlo", resalta Ignacio Escuti.Pero el problema es más profundo y está relacionado con la falta de normativas que regulen la actividad, determinen la responsabilidad del Estado y de las prepagas y defina cómo se financian los servicios de salud.Según Pablo Paltrinieri el problema es que "el marco normativo es casi inexistente y se está cubriendo de a poco gracias más a la jurisprudencia que a una norma clara; esto afecta a la estructura económica de la medicina privada", resalta.A esto se suma la realidad de un sector donde la tecnología aporta tratamientos cada vez más complejos y valores cada vez más altos."El avance de la tecnología médica y la aparición de nuevas prestaciones va generando la obligación de las prepagas a cubrirlas. Es lo que sucede con tratamientos por la obesidad, algunas incapacidades y los problemas de fertilidad; lo mismo sucede con la utilización de medicamentos oncológicos o las cirugías de gorduras", explica Castillo.