Impericia y mezquindad intelectual

El movimiento de ocupación de predios de propiedad estatal o privada de estos días es un nuevo testimonio de una crisis que no cesa de agravarse: el déficit habitacional. Cada censo nacional certifica su incontenible expansión, que no sincroniza con el crecimiento demográfico, sino que ya lo excede ampliamente. Señalamos en oportunidades anteriores que de este verdadero drama social participan con responsabilidades concurrentes los gobiernos de las distintas jurisdicciones y orígenes (liberales o populistas, militares o civiles) y la tendencia de los ahora llamados desarrollistas inmobiliarios a desentenderse de los sectores más sumergidos de la sociedad para dedicar sus esfuerzos y capacidades a la oferta de viviendas a los estratos medio y alto de la pirámide económica. Lo más grave de la crisis actual es la obscena exhibición de mediocridad intelectual y mezquindad moral con que accionó y reaccionó la clase política, sobre todo la que desempeña funciones de gobierno en distintas jurisdicciones. No solamente demostró su escasa o nula capacidad para afrontar uno de los problemas de mayor gravedad socioeconómica, por su fuerte incidencia sobre la calidad de vida de nuestro pueblo, sino que prolongó en el tiempo una de sus más nefastas tradiciones: transformar la vivienda social en un sistema de captura y consolidación del poder. No pierde oportunidad de invocar los derechos humanos, pero parece desconocer el rango de derecho humano que posee el derecho a una vivienda digna. ("Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual o colectivamente", artículo 17, punto 1, ratificado y ampliado en el punto 1 del artículo 25: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad", ambos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.) Sí, la Declaración incluye a la vivienda.Pero desde siempre, la entrega de viviendas sociales es el premio mayor para la obsecuencia, la militancia, el oportunismo, además de ser excelentes oportunidades para el enriquecimiento ilícito de las empresas adjudicatarias de su construcción y, casi siempre, para los funcionarios que las adjudican. Los sobreprecios y la deplorable calidad de los materiales que se emplean –hasta suelen ser inhabitables desde el momento mismo de la entrega a sus presuntos beneficiarios, cuando no adolecen de obsolescencia e inhabitabilidad a corto plazo– los tornan en monumentos a una agraviante irrisión para las familias más carenciadas. Es posible, además, que el espontaneísmo de los necesitados haya sido sustituido por una operación de perverso acoso y miserable regateo, que acentuarían la oscuridad ética de sus instigadores.