Escasa reacción ante la corrupción

El tema del financiamiento ilegal de la política –en particular, de las campañas electorales– parece desbordar todas las previsiones legales, las reglamentaciones y las decisiones de la Justicia. Y cunde la sensación de que se ha convertido en un fenómeno incontrolable. Se acerca un nuevo año electoral y ya han empezado a producirse episodios, algunos de mayor entidad que otros, pero todos situados en el plano de la ilegalidad. La renuncia a su banca de un legislador de Córdoba, que anteriormente había tenido una actuación muy visible dentro del Gobierno provincial, es una muestra de que la maquinaria se ha puesto otra vez en movimiento, aunque siempre, claro está, serán los jueces los que tendrán la última palabra y son ellos quienes deberán determinar si en el libramiento de cheques sin fondos por casi dos millones de pesos hubo delito y si éste estaba vinculado a la próxima campaña electoral. Pero hay casos mucho más graves, como el de la llamada "mafia de los medicamentos", en la que están en danza mucho más que dos millones de pesos. Se trata de la salud y la vida de miles de personas, además de cientos de millones de dólares. Aquí aparece, siempre en forma desdibujada, ese fantasma de nuestro tiempo que es el narcotráfico. En agosto de 2008, fueron asesinados en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, tres empresarios vinculados con la venta ilegal de efedrina y en la investigación judicial de la causa apareció el nombre de un ex funcionario nacional que fue recaudador de la campaña presidencial kirchnerista de 2007. El secretario general de uno de los sindicatos más importantes del país –la Asociación Bancaria– hace meses está preso e investigado por su supuesta o real vinculación con la "mafia de los medicamentos". A esto hay que agregar la participación de Ricardo Jaime –ex hombre fuerte del kirchnerismo– en presuntos negociados con empresas españolas para recaudar fondos para la campaña electoral de 2007.Lo que la ciudadanía se pregunta es hasta cuándo. Estas cosas deben tener un límite, porque de lo contrario habría que admitir que la corrupción, las mafias y el narcotráfico están metidos hasta la médula en la sociedad argentina y que, por lo tanto, resultan intocables e inamovibles. La Legislatura de Córdoba, si quiere rendir homenaje a su mejor tradición, debe investigar y pronunciarse sobre el caso del legislador sospechado, que no se arregla con una renuncia a la banca. Ese legislador debió permanecer en el lugar para el que fue elegido y afrontar todas las consecuencias de un juicio político destinado a establecer sólo la verdad y nada más que la verdad. La investigación debe hacerse, aunque el legislador sospechado haya optado por renunciar a su banca.