Testamento vital, una materia pendiente

No es fácil hablar de la muerte. Y mucho menos lo es, al menos en la cultura occidental, aceptar que es el final natural de la vida. Tratar de derrotar a la muerte y a la enfermedad ha sido y será el motor más potente que mueve a la medicina. Y de hecho, los enormes desarrollos científicos, clínicos y tecnológicos de las últimas décadas han permitido mejorar en forma sustancial la expectativa de vida de los seres humanos, en especial en los países desarrollados, a la vez que han hecho posible que hoy sobrevivan miles de personas que antes hubieran fallecido. Pero como contrapartida aparece la extrema intervención de la medicina (o medicalización) en momentos vitales que, para muchos, deberían ser íntimos y personales. Ante una enfermedad terminal, ¿tiene sentido morir solo e intubado en una terapia intensiva? ¿O es preferible transitar el final del camino rodeado de los que nos quieren, en la calma de un ambiente conocido y acogedor, como la propia casa? Es obvio que no hay una sola respuesta a esos interrogantes. El problema es que hoy, ni en la Argentina ni en la provincia de Córdoba, hay leyes ni normas que garanticen el derecho a evitar el llamado "encarnizamiento terapéutico", es decir las intervenciones agresivas (como por ejemplo intubar o resucitar) a pacientes en etapa terminal o cuando la posibilidad de recuperación es virtualmente inexistente, sólo para mantener el corazón latiendo y sin considerar la calidad de vida. Un proceso natural. Muerte digna, testamento vital o declaración de derechos anticipados son algunas de las denominaciones de esa instancia que apunta a respetar el proceso natural de la muerte de las personas, sin acelerarlo, pero tampoco sin prolongarlo por medios artificiales de manera fútil. El testamento vital es un instrumento aceptado por muchos países e incluso por la Iglesia y, claro está, por buena parte de la comunidad médica que padece, en particular en las terapias intensivas, la falta de una normativa al respecto. Nada tiene que ver con la eutanasia ni tampoco con el suicidio asistido, que implican una intervención activa y expresa para producir la muerte, y que son prácticas rechazadas de plano por la Iglesia y sólo aceptadas en un puñado de países. El testamento vital prevé que sea la propia persona, en uso de sus facultades, la que decide si quiere o no ser sometida a determinados tratamientos médicos para prolongar la vida ante una situación terminal. En la provincia, la primera iniciativa legislativa sobre muerte digna fue presentada en 2003 por el legislador socialista Martín Luque, ya fallecido, y nunca avanzó en la Unicameral. Más tarde, ese proyecto fue rehabilitado por el ex legislador juecista Ricardo Fonseca. Actualmente, en la Legislatura provincial hay, ya vencido, un proyecto de ley que fue suscripto por 16 legisladores de todos los bloques, que surgió de consensuar tres iniciativas sobre el tema que había en 2008. Este proyecto fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Salud hace ya más de un año. Pero no muestra síntomas de salir del cajón donde duerme el sueño de los justos, según estiman algunos legisladores consultados. Un derrotero similar sufren, a su vez, las iniciativas legislativas presentadas en distintos momentos en el Congreso de la Nación. Hasta ahora, sólo dos provincias (Río Negro y Neuquén) lograron sancionar normas al respecto. En el resto del país, la realidad se impone, mientras las leyes se hacen esperar.