Ordenan al Estado indemnizar a las empresas por las explosiones en Río Tercero

La Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal condenó al Estado Nacional a indemnizar a empresas quimicas por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida en noviembre de 1995 durante el gobierno de Carlos Menem y que dejó siete muertos y más de 300 heridos.

La Sala II de la Cámara consideró que en la explosión hubo responsabilidad del Estado porque "no actuó con la debida diligencia tomando las medidas de prevención que, lógicamente, se toman en estas circunstancias".

La Cámara confirmó parcialmente un fallo de primera instancia que condenó al Estado y a la Dirección General Fabricaciones Militares a indemnizar con montos que van desde los 260 mil hasta los 3.500.000 pesos a las empresas "Atanor", "Petroquímica Río Tercero" y "Tradición Seguros".

Las compañías habían reclamado un resarcimiento por los daños que sufrieron en la explosión ya que estaban asentadas cerca de la fábrica.

Los jueces Alfredo Gusman, Ricardo Guarinoni y Santiago Kiernan se basaron en la causa penal que se tramita en Córdoba para condenar al Estado porque de ella "se advierten alarmantes condiciones de inseguridad y de prevención en el mantenimiento de la fábrica".

Entre ellas, una deficiente red de seguridad contra incendio, personal no entrenado para actuar en siniestros, la "deplorable condición" de los medios de seguridad y la falta de responsabilidad de los empleados en la distribución y alojamiento del material explosivo "en un lugar que resulta inadecuado conforme a su objetivo técnico".

"No pueden caber dudas de la responsabilidad de la demandada, máxime atendiendo al carácter del material que se producía en la planta, que debió llevar a la Dirección General de Fabricaciones Militares a extremar los recaudos de protección y precaución", sostuvieron los jueces.

El Estado alegó que la explosión pudo haberse producido por un factor externo a la fábrica, pero los jueces, rozando la ironía, dijeron que "aún en la hipótesis -insisto, a esta altura carente de respaldo- de que los episodios fuesen consecuencia de motines, revoluciones o atentados terroristas, la demandada no dejaría de ser responsable pues se ha acreditado que el Estado no actuó con la debida diligencia tomando las medidas de prevención que, lógicamente, se toman en estas circunstancias".

Por la explosión de la fábrica fueron procesados el ex presidente Menem y otros ex funcionarios nacionales y de Fabricaciones militares.

La hipótesis más firme es que se trató de una voladura intencional para ocultar el faltante de armamento que ilegalmente se vendió a Ecuador y Croacia a través de dos decretos firmados por Menem.

Por el caso de las armas, el ex Presidente y otros ex altos funcionarios están siendo juzgados por contrabando agravado.