"No perseguimos a corruptos cuando están en el poder"

El sábado 1ero de mayo próximo, Aída Kemelmajer de Carlucci, eterna candidata a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasará a ser una ex magistrada. Esta jurista de prestigio internacional que se desempeña en el máximo tribunal de Mendoza desde 1984, se acogerá al beneficio jubilatorio y se dedicará -según su propia enumeración- a dictar posgrados, a brindar conferencias, a escribir los libros que tiene "en la cabeza" y a disfrutar de sus tres nietos.

Estuvo en Córdoba invitada por la Universidad Empresarial Siglo 21 y dialogó con este diario.

-¿Qué le debe la Justicia al pueblo argentino?

-Tenemos muchas facturas para pagar, la principal es que nunca perseguimos a los funcionarios denunciados por corruptos cuando están en el poder. Siempre vamos por ellos cuando ya cesaron en la función. Es una factura muy grave, una deuda pendiente que los jueces tenemos con la sociedad. Alguna vez hay que tomar el toro por las astas y dar una respuesta al problema de la corrupción que tanto nos aqueja.

-¿A qué lo atribuye? ¿A las presiones del poder político?

-Es un problema de todos, de la Justicia y también del poder político, que en ocasiones suele retacear recursos a los que deben investigarlo...

-Aquí en Córdoba el ex gobernador José Manuel de la Sota creó un fuero especializado en perseguir la corrupción pero no tiene peritos ni recursos y muchos corruptos siguen muy tranquilos.

-No es sólo un problema de recursos. A veces, en los poderes legislativos hay partidos que dicen tener vocación de luchar contra la corrupción pero sólo crean la cáscara de lo que podría ser una solución. A veces eligen mal a las personas que se ponen en esos lugares, personas que podrían ser buenos jueces para otra cosa pero no para perseguir a los corruptos. El factor humano es muy importante.

-También están los fiscales y jueces que no se animan a investigar a los poderosos de turno, y los que sí se animan y luego se ven sometidos a presiones...

-Esa es la otra cuestión. Están a la vista los ejemplos de jueces que se han animado a luchar contra los abusos del poder e inmediatamente han sido denunciados y destituidos mediante Jury de Enjuiciamiento.

-¿Sirve a esos fines la modificación que generó el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura nacional?

-Días atrás participé de un encuentro organizado por la Universidad de Bologna, en el que una jurista italiana formuló un análisis comparativo de consejos de la Magistratura. Todos los juristas argentinos que participamos coincidimos en que, si bien se necesitaba una reforma del Consejo, la que se hizo no ha logrado otra cosa que redistribuir el poder, con el agravante de que aquí todos los sectores en pugna perdieron excepto el partido gobernante. Eso quiere decir que la reforma no buscó la eficiencia que se necesitaba, sino que estuvo dirigida a que alguien tuviera el poder en el Consejo, el poder de vetar todo lo que se decida si no le gusta al partido gobernante.

- En Córdoba, el Jurado de Enjuiciamiento (el Jury, organismo responsable de destituir a fiscales y jueces) está integrado por una representante del Tribunal Superior de Justicia y cuatro legisladores, dos de los cuales, son de la mayoría. ¿Le parece apropiada esa conformación?

-(Murmura). En Mendoza tenemos el Jury fijado por la Constitución de 1916, que es muy vieja pero muy sabia. Tiene 21 miembros: siete jueces de la Corte mendocina, siete diputados y siete senadores. Y para destituir a un magistrado se necesita la mitad más uno de los integrantes. Yo no digo que los Jurys tendrían que ser tan grandes, pero pienso que muchas veces se deja afuera a los abogados que por lo general saben cuando un juez es malo en la función. Además, hay otra cuestión con el Jury: ¿cuál es la función? ¿Sacar sólo a los jueces malos o también los mediocres deberían ser destituidos? ¿Basta ser un juez mediocre para zafar de lo que implica un mal desempeño?

-Se habla mucho de la judicialización de la política y de la politización de la Justicia. ¿Cómo ha experimentado este fenómeno en su trayectoria?

-En todos estos años hemos actuado en conflictos de poderes, entre intendentes y el concejo deliberante, entre el intendente y el gobernador, como lo establece la Constitución de Mendoza. El problema de la judicialización de la política que hoy se plantea es diferente y con una alta peligrosidad para la propia Justicia, porque la obliga a ampliar su campo de acción sobre materias que la debilitan, como son muchas cuestiones que plantean los políticos. Esto, además, está mostrando la incapacidad de la clase política para resolver los problemas políticos. Esto es grave para el país porque esos problemas deben resolverse en la política, no en los tribunales.

Cuando los políticos llevan sus problemas políticos a la Justicia, resolvamos como resolvamos los jueces siempre salimos debilitados porque siempre hay alguien con algo de poder que nos achaca una injusticia. Es grave para el país que los políticos no sepan resolver sus problemas.

-¿Recibió presiones del poder político o económico en su trayectoria?

-Nunca he recibido presiones. Pero porque tengo fama de ser bastante dura. Pero nunca me han presionado, ni el poder político ni el económico. La presión que he tenido es la que me provoca a mí misma la resolución de conflictos de intereses sociales que son reales, palpables, con consecuencias importantes, fuentes de trabajo, etcétera. Lejos de eso, nunca me llamó un intendente, un gobernador o un sindicalista.