Moyano y Yasky, juntos para frenar una causa judicial

Los titulares de las dos centrales obreras, Hugo Moyano (CGT) y Hugo Yasky (CTA), encabezaron ayer un multitudinario acto de los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba en contra de lo que consideran una "judicialización de la protesta social".

Unos cuatro mil manifestantes se convocaron frente a la sede de Tribunales II, de la ciudad de Córdoba, donde se realizó la audiencia de apelación de la elevación a juicio de 18 empleados estatales -16 de Luz y Fuerza y dos del Suoem- imputados por los incidentes ocurridos en una movilización contra la Ley de Emergencia Previsional en agosto de 2008. Entre otras cosas, esos episodios violentos incluyeron graves daños en la plaza San Martín y destrozos en comercios céntricos.

Moyano fue quien cerró los discursos en las escaleras de ingreso de la sede tribunalicia, donde primó el llamado a la unidad del movimiento obrero. "Me sorprende la actitud tomada por la Justicia de Córdoba y de otras provincias. Más de un mes tuvo de paro el campo y yo no vi a ningún fiscal. Esto no es Justicia, es injusticia", dijo el titular de la CGT.

Moyano aseguró: "La unidad del movimiento ya ha comenzado, comenzó eligiendo a dos Hugos en la conducción de las centrales obreras". Por su parte, Yasky, advirtió que "se quiere condenar a trabajadores como si fueran delincuentes comunes" y recalcó que "no hay diferencias sindicales cuando lo que está en juego son los intereses de la clase trabajadora".

En esa línea, Juan Leyría, titular de Luz y Fuerza, aseguró que van a "seguir luchando hasta que la Ley de Emergencia Previsional se caiga".

Tras la desconcentración, Rubén Daniele (Suoem) realizó una autocrítica por los daños ocurridos aquel 20 de agosto de 2008. "Si vos hacés una movilización muy grande, es difícil de controlar. 30 mil son difíciles de controlar", opinó.

También participaron del acto el intendente de Villa María, Eduardo Accastello, la diputada del Frente para la Victoria, Carmen Nebreda, la concejala Marta Juárez y el secretario de Derechos Humanos del municipio, Luis Baronetto.

La audiencia. Los abogados, Claudio Orosz, Martín Fresneda, Eugenio Biafore, Gonzalo Ferreras y Miguel Ortiz Pellegrini realizaron los alegatos ante la Cámara de Apelaciones de Córdoba.

Los estatales fueron acusados por el fiscal Enrique Gavier de intimidación pública, daños calificados y resistencia a la autoridad. El juez de Control N°2, Gustavo Reinaldi, elevó la causa a juicio y los defensores apelaron. Plantean una "atipicidad" de la figura de "intimidación pública. "De ninguna de las pruebas colectadas surgen que estas personas se organizaran para infundir un temor a determinado sector de la sociedad", explicó Fresneda.

Sin un plazo determinado los camaristas Carlos Salazar, Gabriel Pérez Barberá y Francisco Gilardoni deberán definir si se eleva la causa a juicio.

En el caso de alcanzar un proceso judicial, los defensores declararán "la incompetencia de la justicia ordinaria del fuero penal", ya que se afirmaría que los manifestantes tenían artefactos explosivos en la protesta.