La vieja costumbre de no cumplir ni hacer cumplir

Por orden del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, la Municipalidad de la Capital debe compensar a las empresas Coniferal y Ciudad de Córdoba por haber fijado en 2004 un precio del boleto urbano inferior al que indicaban los estudios de costos oficiales.

Los jueces entendieron que se trata de un claro incumplimiento del contrato de concesión. Las empresas rápidamente le pusieron una cifra astronómica que el fallo ni siquiera insinúa a la potencial demanda: 100 millones de pesos. La Municipalidad resolvió apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esa tarifa había sido fijada por los concejales durante la gestión de Luis Juez y la discusión política se agotó en críticas al ex intendente por demagogia. Pero lo cierto es que si el razonamiento judicial se hiciera extensivo a la actualidad, el municipio también debería compensar a las empresas por los 26 centavos que hoy separan el valor del cospel de los estudios de costos oficiales: según el cálculo técnico, cada viaje debería costar 2,26 pesos.

El municipio incumplió en el pasado –al igual que en el presente– las reglas que indican cómo se debe calcular el costo del boleto del transporte. Lo cierto es que no se trata del incumplimiento más grave: en paralelo, abandonó casi por completo su rol de contralor del servicio.

Dejó de medir con rigurosidad la frecuencia de los colectivos, permitió que las empresas vulneren la antigüedad máxima de la flota, admitió chatarra donde el contrato exige unidades en perfectas condiciones técnicas, hizo caso omiso a la falta de higiene de los coches, toleró que el servicio nocturno casi desapareciera y hasta permitió que Coniferal y Ciudad de Córdoba abandonaran la prestación en los corredores no rentables, que pasaron a engordar el imparable déficit de Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (Tamse).

Demás está decir que, a la hora de poner precio a la tarifa, hoy como ayer, los cálculos técnicos se hacen sobre la base del servicio que describe ese contrato, que ninguna de las partes cumplió en la última década. ¿Quién debería compensar a quién si el cálculo se hiciera sobre el servicio real que recibieron los usuarios?

La excepción como regla. La costumbre de incumplir de manera casi sistemática los contratos de servicios públicos no se limita al transporte. Hace algo más de un año, cuando el grupo Roggio abandonó el servicio de higiene urbana, terminó la prestación que tal vez haya marcado la máxima diferencia registrada entre la prestación que describe el contrato y la que reciben los vecinos. La decadencia se alimentó de atrasos en los pagos municipales, compensados con bajas en las exigencias a la empresa. Aun hoy, la Municipalidad de Córdoba sigue renegociando deudas con Cliba.

El desapego a los contratos reina también en la órbita provincial. El caso de Caminos de las Sierras es paradigmático: José Manuel de la Sota consideró en 1999 que las tarifas que preveía el contrato firmado por Ramón Mestre era muy altas y las redujo. Pasó una década sin que se resolviera la diferencia, la empresa no realizó ninguna de las obras previstas y, para evitar las consecuencias de un juicio millonario ante el Ciadi, la Provincia se comprometió a indemnizar en 76 millones de dólares a los accionistas de Caminos de las Sierras. La Red de Accesos a Córdoba pasó a manos del Estado, que además hará las inversiones que nunca hizo la concesionaria.

Aguas Cordobesas corrió una suerte similar. Las tarifas no fueron actualizadas según lo establecido por el contrato original. Hubo una renegociación, con cambio accionario incluido, y hoy llegan los aumentos tarifarios que no cubren nuevas obras ni medidores. A las inversiones que ya no hace la empresa, las deberán solventar los usuarios con un cargo fijo. Maravillas de un Estado que no cumple contratos ni los hace cumplir.