La ley de Arizona impulsa una reforma migratoria

Washington. Como respuesta a la emergencia nacional que desataron las polémicas medidas de Arizona contra los inmigrantes sin papeles, la mayoría demócrata en el Senado presentó ayer una propuesta para legalizar a más de 10 millones de personas sin documentación y, al mismo tiempo, reforzar la vigilancia fronteriza para dificultar nuevos traspasos masivos ilegales.

Esta propuesta, contenida en 20 páginas que son el esbozo de una futura reforma migratoria, pretende atraer la atención de la oposición republicana para poder aprobar este año una ambiciosa legislación al respecto.

El presidente estadounidense, Barack Obama, apoya la iniciativa y pidió a los dos partidos el coraje político que se requiere para sacar adelante, en año electoral, una ley de muy dudoso respaldo popular.

La propuesta demócrata sugiera actuar de manera simultánea en dos frentes: en el de la seguridad, con el reclutamiento de más agentes fronterizos y más estrictas medidas de control, y en el del reconocimiento del papel esencial que los inmigrantes ilegales tienen en esa sociedad, con la legalización de todos los que demuestren su estancia en el país durante determinado período de tiempo.

Prioridad postergada. La aprobación de una ley migratoria ha sido mencionada como una prioridad en Estados Unidos desde hace muchos años. George Bush luchó por ella hasta el último día de su presidencia. Pero la resistencia de los electores a las amnistías masivas, sobre todo en algunos estados, aconsejó a muchos miembros del Congreso impedir su aprobación.

Ahora, la entrada en vigor en Arizona de una ley que permite a la policía detener a los sospechosos de haber entrado al país de forma ilegal ha puesto sobre la mesa, de forma más cruda, la necesidad de actuar a nivel nacional para impedir una cadena de acciones separadas por parte de los estados.

Texas amenazó ayer con seguir el ejemplo de Arizona, y otros estados fronterizos pueden estar tentados de hacer algo para enfrentarse a lo que realmente constituye una grave crisis en sus territorios.

"Hay que reconocer que el sistema está quebrado", afirmó ayer el senador demócrata Charles Schumer al presentar la propuesta de su grupo. "Miles de personas entran al país ilegalmente, y eso hay que pararlo", agregó.

Esas miles de personas son, en muchos casos, la base de la economía local. Cientos de negocios sobreviven en los estados fronterizos gracias a la mano de obra barata que la inmigración ilegal permite. Pero ese fenómeno es, al mismo tiempo, generador de marginación y de delincuencia.

Como consecuencia, más de un 60 por ciento de los habitantes de Arizona, un estado con un 30 por ciento de población de origen latino, está a favor de la dura legislación firmada por su gobernadora, Jan Brewer, para que la policía actúe contra los ilegales.

Según una encuesta dada a conocer ayer, un porcentaje similar apoya, en el conjunto del país, la extensión de esa medida a los 50 estados.

En la actualidad, la policía no puede pedir la documentación de ninguna persona a la que no se pueda atribuir la sospecha de haber cometido un delito.

Movilizaciones. Los latinos, que creen con razón que van a ser el blanco principal de los policías que buscarán ilegales, organizan movilizaciones sin precedentes. El fin de semana, con motivo de la celebración del 1º de mayo, están convocadas marchas en 70 ciudades, que en algunos casos serán masivas.

Como estímulo a su causa, ayer se esperaba en Arizona a la cantante colombiana Shakira, quien tenía citas con el alcalde de Phoenix y con el jefe de policía para interesarse por las consecuencias que traerá aparejada esta ley. Su voz será una más entre las que se suman al boicot a la normativa.

"Arizona consiguió galvanizar, unificar, fortalecer nuestro movimiento a favor de la inmigración", declaró ayer el congresista Luis Gutiérrez.