La calidad institucional luce en las leyes pero no en la realidad

La provincia de Córdoba dispone de un marco legal relativamente completo para promover la calidad institucional. Pero esa predisposición inicial favorable queda trunca al cotejar su aplicación práctica. A esa conclusión central arriba un estudio que entre 2008 y 2009 realizaron el Centro de Implementación de Política Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), para evaluar justamente indicadores de calidad institucional.

El estudio detectó lo que técnicamente se denomina "brecha de implementación", que no es otra cosa que la "distancia entre el reconocimiento/existencia de determinados derechos e instituciones en la ley y su efectiva vigencia/funcionamiento en la práctica". En otros términos:se reconoce que hay esfuerzos legales para dar accesibilidad y transparencia al Estado, pero se detecta una mora evidente en la implementación de esos procesos.

El análisis se enfocó en cinco dimensiones:acceso a la información pública; elecciones provinciales; rendición de cuentas del gobierno; proceso presupuestario y transferencias fiscales, y administración pública.

Las conclusiones del informe dejan sugerencias específicas de correcciones a encarar. Entre ellas se destacan:reglamentar la legislación existente sobre acceso a la información pública, para que la ciudadanía pueda ejercer ese derecho;controlar con mayor énfasis el financiamiento de los partidos políticos; regular el conflicto de intereses al que se ven sometidos funcionarios que toman decisiones y reformular la tarea de control del Tribunal de Cuentas.

El diagnóstico. Respecto de la accesibilidad a la información, el Cippec relevó que ese derecho está reconocido en leyes y hasta en la Constitución provincial. Todo ciudadano puede pedir información al Estado y le deben responder en 10 días.

Si no hay respuesta o ésta es negativa, puede iniciar una acción de amparo por mora. Sin embargo, el Cippec evalúa que esa vía es inaplicable, porque demanda tiempo y gastos judiciales que nadie puede afrontar.

En cuanto a la actividad política, el estudió detectó como una debilidad el escaso involucramiento del Estado para financiar y controlar a los partidos. Aun así, admite que hay regulaciones determinadas por la reciente reforma política, cuyos resultados todavía no se conocen.

En el capítulo vinculado con la rendición de cuentas que debe hacer el Gobierno, el Cippec considera como una gran falencia que el conflicto de intereses casi no está regulado. "Sólo se exige una declaración jurada al asumir y al cesar en el cargo, pero las mismas no se auditan. Tampoco hay un Código de Ética Pública", señala el estudio.

La investigación repara también en el hecho de que "lo más parecido a auditoría externa" es el Tribunal de Cuentas, aunque advierte que "no está claro que se trate de una instancia de control independiente", debido a que tiene mayoría el oficialismo.

Tampoco es favorable la mirada sobre la labor del defensor del Pueblo como instancia de control del poder, ya que no tiene facultad para investigar ni legitimidad procesal y sus resoluciones no son vinculantes.

Debilidades similares se detectaron en el proceso presupuestario, donde el Cippec criticó que la Legislatura casi se limita a refrendar el presupuesto que envía el Ejecutivo y que no tiene incidencia en controlar su ejecución.

Por último, al poner la lupa en el régimen de compras y contrataciones, el estudio de contrasta que, si bien hay datos sobre llamados a licitación, nunca se conocen las empresas ganadoras, ni los precios aceptados.

Exponen los detallesPresentación. Mañana lunes a las 16,  en la sede de la Universidad Católica de Córdoba (Obispo Trejo 323), se realizará un taller en el que se expondrán las conclusiones del estudio sobre calidad institucional en Córdoba, desarrollado por el Cippec. Modalidad. En nombre de la entidad, Fernando Straface presentará el proyecto "Indicadores de calidad institucional para las provincias argentinas". Luego, Martín Lardone (UCC) detallará el caso Córdoba y se abrirá una ronda de análisis, con la participación de Daniel Zovatto (Consejo para la Planificación Estratégica de la provincia de Córdoba), Adrián Simioni (La Voz del Interior), Pamela Cáceres (Fundación El Ágora), Francisco Fortuna (diputado nacional PJ) y Oscar Aguad (diputado nacional UCR).Autoridades. Fernando Straface, cofundador de Cippec y director del Programa de Política y Gestión de Gobierno, asumirá en abril como director ejecutivo de la organización, en reemplazo de Miguel Braun.