Hispanos rechazan caza de "sin papeles" en Arizona

Phoenix. Una auténtica oleada de cólera se ha desatado entre la comunidad hispana de Estados Unidos tras la entrada en vigor en Arizona de una ley que, por primera vez en la historia de este país, permite a la policía detener y castigar a un ciudadano por el simple hecho de ser un inmigrante ilegal. La medida, de múltiples consecuencias y extraordinario simbolismo, tendrá que ser debatida ante los tribunales de Justicia y, quizá, obligará a una respuesta de Barack Obama.

La ley, que fue firmada el viernes por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, después de que fuera aprobada por ambas cámaras del Congreso estatal, da derecho a los miembros de los servicios de seguridad a exigir a cualquier persona en la calle documentos que prueben que está en el estado legalmente. De lo contrario, puede ser encarcelado hasta seis meses, multado con 2.500 dólares y hasta expulsado del país.

Hasta ahora, en Estados Unidos, a diferencia de lo que pasa en la mayor parte de Europa, la policía no tenía autoridad para pedir papeles a nadie, a menos que la persona fuera sospechosa de haber cometido algún delito. Además, ningún documento de identidad es obligatorio, por lo que muchos inmigrantes sólo pueden probar su "legalidad" con el sello de entrada impreso en el pasaporte o un permiso de circulación.

Varios cientos de personas, en su mayor parte hispanos, se concentraron el fin de semana pasado como señal de protesta ante el Capitolio de Arizona, en Phoenix. Numerosas organizaciones latinas han anunciado actos de repudio, querellas y otras medidas ante una ley que consideran racista y que, de hecho, da carta blanca a la policía para interrogar a los ciudadanos de aspecto hispano.

El presidente Obama afirmó que la iniciativa de Arizona constituye "una irresponsabilidad" sobre la que no es posible permanecer de brazos cruzados. "Esta ley contradice los principios básicos de justicia que nos distinguen como norteamericanos", dijo el mandatario, en una muy infrecuente reacción de la Casa Blanca a la actuación de los estados.

El gobierno de México y la Iglesia Católica han expresado también su preocupación por esta legislación, que el cardenal Roger Mahony de Los Ángeles comparó con el nazismo.

La gobernadora Brewer justificó la normativa. "Actuamos por la incapacidad del gobierno federal de asegurar nuestras fronteras", dijo. Ésa es la misma razón por la que le han dado su apoyo el senador republicano de ese estado, John McCain y la mayor parte de los dirigentes y portavoces conservadores.

La situación en Arizona y en otros estados fronterizos con México, como California, Texas o Nuevo México, ha llegado, ciertamente, a un punto de gran inquietud. Pero no sólo porque miles de personas crucen la frontera ilegalmente cada día para engrosar la cifra de 15 a 20 millones de inmigrantes indocumentados que viven en este país, sino porque muchos de los negocios y de la agricultura de esa región están basados en la mano de obra barata que ofrecen los sin papeles.

Esa explotación, basada en las lamentables condiciones económicas y de seguridad al sur de la frontera, dio lugar a una profunda crisis en esos estados, donde miles de personas subsisten en condiciones precarias, la criminalidad aumenta y el rechazo social se agudiza.

No es casualidad que sea aquí donde se aprueba esta controvertida ley. Arizona lleva ya algún tiempo llamando la atención de los grupos de derechos humanos por las condiciones impuestas en uno de sus condados, Maricopa, por un sheriff llamado Joe Arpaio, quien presume de mantener a raya a los inmigrantes con métodos vigorosos, como la constante intimidación de parte de sus policías a las familias mejicanas con intención de atemorizarlas y obligarlas a regresar.

En el condado de Maricopa, a espaldas del país tolerante y culto que Obama representa, viven entre alambrados cientos de presos a los que el sheriff Arpaio obliga a vestir uniformes y calzoncillos rosas, entre otras medidas degradantes.

La ley aprobada en Arizona pone ahora en primer plano situaciones como esa y aumenta la presión sobre el Congreso para que se apruebe una dificilísima pero imprescindible ley de inmigración. Esta legislación, que representa un gran riesgo político para los congresistas, parecía imposible a siete meses de las elecciones legislativas. Pero en los últimos días la Casa Blanca contactó con los líderes demócratas en el Capitolio para conseguir su aprobación cuanto antes. El líder demócrata en el Senado, Harry Reid, cuyo escaño puede ser decidido por muchos hispanos de Nevada, prometió que habrá ley de inmigración este año.