Estado de excepción genera rechazos entre paraguayos

Asunción. Dos organizaciones campesinas y una de las principales centrales sindicales de Paraguay anunciaron ayer que no respetarán el estado de excepción ordenado por el presidente de este país, Fernando Lugo, según anunció uno de sus dirigentes, Eladio Flecha.

La excepción, implementada para capturar a un grupo guerrillero, regirá durante los próximos 30 días y en su vigencia en los departamentos norteños de San Pedro, Amambay, Alto Paraguay, Concepción y Villa Hayes quedan suspendidas las garantías constitucionales. La medida cuenta con el apoyo del Congreso.

"No renunciaremos a nuestras movilizaciones públicas ni suspenderemos nuestras asambleas en las comunidades del norte, porque las libertades públicas son una conquista del pueblo", dijo Flecha, del Movimiento Campesino Popular y Revolucionario, de tendencia centroizquierdista.

Odilón Espínola, líder de la Federación Nacional Campesina (FNC), también de centroizquierda y con unos 60 mil miembros dedicados al cultivo de algodón y sésamo, explicó a los periodistas: "Tenemos una larga trayectoria de lucha en favor de las libertades públicas, por lo que igual seguiremos reuniéndonos, pese al estado de excepción".

El presidente Lugo promulgó antenoche el estado de excepción por 30 días, declarado por el Congreso en cinco provincias para perseguir al grupo que tiene en vilo al norte el país.

El ministro del Interior, Rafael Filizzola, explicó que la medida "no altera la normalidad democrática del país" y que se va "a seguir trabajando bajo órdenes judiciales como establece la Constitución Nacional".

"Hay que distinguir del estado de excepción en democracia y de lo que fue el estado de sitio durante una dictadura", enfatizó el ministro en alusión al régimen de Alfredo Stroessner, quien gobernó este país con mano dura entre 1954 y 1989.

Filizzola, quien participó de una reunión de ministros con Lugo para planificar las primeras acciones operativas de los militares, dijo que hoy se concretarán otros detalles como la designación del jefe de un comando conjunto.

Si bien la medida regirá en cinco provincias del centro y norte del país, Concepción, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes, la persecución se centrará en la primera, en cuyas regiones boscosas el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se hizo fuerte en los últimos años.

El titular del Congreso, el senador opositor Miguel Carrizosa, dijo que el jefe de Estado ha recibido "las herramientas" para "neutralizar al EPP, que tanto daño está causando" en el norte del país, donde según el legislador, "hay temor ya que la gente no sabe quién va a ser la próxima víctima".

El gobierno responsabiliza a ese grupo de cuatro sonados casos de secuestro perpetrados en los últimos 10 años, con tácticas similares a las de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

El EPP, escisión del extraparlamentario Partido Patria Libre (PPL), también está acusado de asesinatos de policías, militares y civiles, así como de ataques a haciendas en San Pedro (centro) y Concepción, noreste, en la frontera con Brasil, al amparo de un casi nulo control en una región donde proliferan cultivos de marihuana.

La muerte de un policía, dos peones y un guardia en una emboscada tendida el miércoles pasado en una finca de Arroyito, distrito de Horqueta, 380 kilómetros al norte de Asunción, en los límites de San Pedro y Concepción, obligó a Lugo a pedir el estado de excepción al día siguiente.

Un fiscal consideró el hecho como una masacre, al señalar que el agente y los empleados de la hacienda, que se habían internado en la selva tras supuestos ladrones de ganado, fueron ametrallados por los atacantes. Tres peones que sobrevivieron al ataque rehusaron a hablar con periodistas por temor. La Policía halló tres campamentos, con un panel solar, enseres, lubricantes para armas, y un área de prácticas de tiro.